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DERECHOS:

SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL HAY MALOS TRATOS A LOS MENORES EN CANARIAS

SEGÚN AMNISTÍA INTERNACIONAL HAY MALOS TRATOS A LOS MENORES EN CANARIAS

En el último informe de Amnistía Internacional del año 2006 se cita que el Diputado del Común condenó “los malos tratos institucionales” que reciben los menores en las Islas.  

EN EL INFORME 2006 DE AMNISTIA INTERNACIONAL PUEDE LEERSE: 

Malos tratos a menores en régimen de detención

 

El Defensor del Pueblo español expresó en un informe su preocupación por las condiciones de los centros de detención de menores. Muchos centros, por su estado deteriorado e insalubre, incumplían la legislación aplicable (Ley Orgánica 5/2000) y la reglamentación relativa a la reclusión de menores. En el informe se aconsejaba el cierre inmediato del Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla, que tenía una estructura ruinosa, celdas pequeñas y mal iluminadas y tan sólo un reducido patio exterior. Las condiciones de las dependencias de detención de menores de Madrid no eran mucho mejores. Estaban masificadas, tenían unas instalaciones sanitarias deficientes y carecían de mobiliario básico, como camas y mesas.

En abril, el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias) condenó los «malos tratos institucionales» a menores en las Islas Canarias. En junio, la adjunta primera del Defensor del Pueblo nacional solicitó el cierre inmediato del centro de detención de Gáldar, en Gran Canaria, cuyas condiciones eran especialmente insalubres. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa formuló la misma recomendación.

VER INFORME COMPLETO 

http://web.amnesty.org/report2006/esp-summary-esl

 

NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (2ª parte)

NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (2ª parte) NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (2ª parte)

Artículo de opinión de Álvaro Monzón Santana.

La información es poder. Da lo mismo que se trate de un ser vivo, de una empresa, de una institución pública, de un alcalde, da lo mismo, quien tiene más y mejor información tiene más probabilidades de “sobrevivir” en un mundo altamente competitivo. La información no es inocente y bien lo sabe el poder.

Una transparencia social toca la piedra angular del poder, o mejor dicho, ataca la pervivencia de su lógica tradicional, una historia vinculada a la opacidad, a la negación de la información, a un sentimiento primitivo de ocultación de datos, documentos e informes. Cuando estas cosas ocurren, y desgraciadamente ocurren demasiado a menudo en nuestros ayuntamientos, uno se pregunta el por qué se llega a esos extremos. ¿Ocultan algo?, ¿desvelan sus incapacidades?, ¿miedo a perder?.

El que oculta se delata. Afortunadamente cada vez somos más los ciudadanos que pensamos en una máxima transparencia del sector público, dado que está financiado con el esfuerzo económico de todos los ciudadanos, se hace necesario exigir un suficiente nivel de transparencia pero, no solo, cuando interesa al poder, sino cuando interesa a todos los demás.

En este sentido llegamos a la Ley 27/2006 por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que viene a derogar a la Ley 38/1995, que como veremos más adelante era una ley poco ambiciosa. 

La nueva ley reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas, e impone a las administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos (artículo 1º).

Entre los elementos más importantes, se puede destacar la obligación de las autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible. También es reseñable la apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente (artículo 5º). 

Según la Ley, la garantía de participación de los ciudadanos se dará contemplando los plazos suficientes para el estudio de propuestas y estableciendo la obligación de las administraciones de tomar en consideración las observaciones presentadas. Además, se otorga un reconocimiento expreso a las ONG para participar como titulares de intereses colectivos (artículo 2º.1

Los antecedentes históricos de la regulación de acceso a la información lo situamos en Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales (ROF).  En su Artículo 207º, viene a decir que “todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de Gobierno y Administración de las entidades locales y de sus antecedentes”. Después aparece la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, que mediante  sus artículos 35º y 37º, también determinaba ese acceso a la información. Posteriormente apareció la Directiva 90/313/CEE que obligó a redactar la Ley 38/1995 ahora derogada.

Con la nueva Ley 27/2006 los avances son sustanciales. El primero, el comentado ya: el reconocimiento de las ONG. Pero, donde reconocemos un avance en la transparencia, es cuando se relacionan los campos de acción de la Ley. Ahora se podrá pedir información ambiental sobre el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los espacios naturales y el paisaje (importante este elemento que en la anterior ley no se valoraba).

El artículo 3º de la Ley es auténticamente enjundioso, y aparecen –con derecho a pedir información- materias como sustancias radiactivas, vertidos, energía, diversidad biológica, organismos modificados genéticamente, humedales, zonas marinas, análisis coste-beneficio, contaminación de la cadena alimentaria, y por fin: el patrimonio histórico, cultural y artístico (artículo 3º.f).  Ya era hora que el patrimonio se incorporara a la legislación medioambiental. Es fundamental que los ciudadanos y las ONG podamos tener y acceder a la información que afecta a los numerosos elementos patrimoniales de Canarias. 

Firmado:  Álvaro Monzón Santana.

TELDE Y LA NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

TELDE Y LA NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA NUEVA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Álvaro Monzón Santana 

Hasta ahora, las administraciones públicas y el Ayuntamiento de Telde el primero, se “despachaban” a los ciudadanos que requerían documentos relativos al urbanismo, al medio ambiente, etc… alegando la falta de la cualidad de “interesado”. Ahora con esta nueva ley se abre una nueva puerta a la esperanza. Las asociaciones, y público en general, en principio ven aumentado sus derechos frente a la tradicional opacidad de los ayuntamientos.  

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mes de julio la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Además, incorpora las Directivas Europeas 2003/4/CE y la 2003/35/CE, y en su parte final, destacan las modificaciones del Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental, y de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Dos principios inspiran esta nueva Ley de acceso a la información y de participación pública. Por una parte, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo apartado número 10 establece que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos. Esto tiene que ser asumido por muchos de los políticos que actualmente gobiernan las administraciones públicas, porque –según la Declaración- es una razón para avanzar hacia la transformación del modelo de desarrollo, basándose en planteamientos democráticos que pivoten en la participación activa, real y efectiva de la sociedad civil. 

El segundo principio que obligó al gobierno de Zapatero a redacta esta nueva Ley, es la entrada en vigor del Convenio de Aarhus (en vigor desde el 31 de marzo de 2005). Recordemos que este convenio tiene tres pilares básicos:

 
  • Acceso a la información medioambiental que desempeña un papel esencial en la educación de las sociedades para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos.
 
  • Participación del público en los procesos de toma de decisiones en determinadas actividades, aprobaciones de planes  y programas, etc.
 
  • Derecho al acceso a la justicia para garantizar la revisión de las decisiones judiciales que hayan podido violar los derechos en material ambiental.
  

Entrando en la valoración y consideraciones de la nueva Ley, es necesario a mí entender, comenzar por el artículo 2º Definiciones por la que se explica detalladamente quién o quiénes pueden acceder a la petición de los derechos reconocidos por la Ley. En este sentido, será “cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación”. En un segundo apartado, dentro del mismo artículo, explica que las “personas interesadas” serán las previstas en el artículo nº 31 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones P. y P.A.C., además avanza que cualquier personas jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos establecidos en la Ley  tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita,  en lo que llaman, la “Acción popular en asuntos medioambientales”.

 

En próximas entregas les hablare de las materias que abarca la ley, de los nuevos derechos de los ciudadanos, de la difusión de oficio del estado del medio ambiente y de las perforaciones petrolíferas, ya que, se incorporan nuevos apartados al Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental.

Firmado: Álvaro Monzón Santana   

MACHISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

MACHISMO EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

AMALIA BOSCH ACUSA AL PARTIDO POPULAR DE SANTA BRÍGIDA DE MARGINAR A LAS TRABAJADORAS MUNICIPALES.

 La concejala del Partido Verde en Santa Brígida Amalia Bosch  ha denunciado que el PP local ha rechazado en el último pleno la aplicación del Plan Integral para la Conciliación de la Vida Personal y Laboral en la Administración (Plan Concilia) en el Ayuntamiento.

La moción presentada por Amalia Bosch, en la que se proponía aplicar en el Ayuntamiento de Santa Brígida las recomendaciones del Plan Concilia fue rechazada en el último pleno  por mayoría simple, 7 a favor y 8 en contra.
Concilia es el plan integral de conciliación de la vida personal y laboral en la Administración General del Estado, y consiste en un paquete de medidas que suponen la normativa más completa aprobada nunca en nuestro país en esta materia, pues recoge las iniciativas más avanzadas del sector público y privado sobre la cuestión.
 

La moción presentada incorporaba las mejoras que ya se están aplicando en el mencionado plan aprobado por sindicatos y Ministerio de Administraciones Públicas. La concejala ha declarado “parece increíble que los esfuerzos que se realizan laboralmente para conciliar la vida familiar con la profesional, no encuentre su reflejo en la actitud política del grupo de gobierno del Ayuntamiento, que pone así de manifiesto su actitud machista contra las trabajadoras municipales” Según Amalia Bosch “el PP de Santa Brígida ha incumplido su propia ley, aprobada en el 99 para conciliar la vida familiar y laboral. El Plan Concilia ya se está aplicando en la Administración General y en el Ejercito. Incluso en el Ayuntamiento se aprobó recientemente el Convenio Colectivo, en una de cuyas cláusulas se recogía que cualquier mejora en la Administración General será de aplicación inmediata en la municipal”

 

MACHISMO INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

EL PARTIDO VERDE CANARIO ACUSA AL ALCALDE POPULAR DE SANTA BRÍGIDA DE “MACHISMO INSTITUCIONAL”.
EL Partido Verde Canario acusa al alcalde del PP de santa Brígida (Gran Canaria) de “machismo institucional” por convocar plenos extraordinarios “a conciencia” a horas incompatibles con la reciente maternidad de la concejala de Los Verdes.
La concejala por Los Verdes en Santa Brígida, Amalia Bosch, solicitó por escrito el 16 de marzo al alcalde que convocara los plenos, reuniones y comisiones de carácter extraordinario a partir de las 9.30 de la mañana para poder compaginar sus obligaciones como concejala y como madre. Actualmente los plenos ordinarios se celebran a las 11 horas.
Esta petición estaba fundamentada en que debido a su reciente maternidad debe dejar a su hija en el centro escolar a las 9 de la mañana. “Ninguno de los concejales preguntados a título individual pone reparos para que se convoque a la hora propuesta” afirma  la concejala.
Continua Amalia Bosch declarando que “sin embargo, el Alcalde conocedor de esta circunstancia ha estado convocando todos los plenos extraordinarios a esa hora con el objetivo de impedir mi asistencia”. Afirma la concejala verde que en conversaciones con el Sr. Alcalde este le ha respondido “tú ya no estas para esto”, o “ser concejal es voluntario”. “despreciando de manera clara el derecho de las mujeres a ejercer voluntariamente la maternidad” según Bosch.
La concejal recuerda al Sr. Alcalde que es él quien decide el horario de los plenos y que por lo tanto es absolutamente dependiente de la voluntad del Alcalde que se celebren a una hora u otra.
Según Amalia Bosch el PP en Santa Brígida desprecia las recomendaciones del Plan Integral para la Conciliación de la Vida Personal y Laboral en la Administración (Plan Concilia) y aprovecha la maternidad de una concejala para sacar ventaja política.
Concilia es el plan integral de conciliación de la vida personal y laboral en la Administración General del Estado, un paquete de medidas que suponen la normativa más completa aprobada nunca en nuestro país en esta materia, pues recoge las iniciativas más avanzadas del sector público y privado sobre la cuestión.
La concejala ha declarado “parece increíble que los esfuerzos que se realizan laboralmente para conciliar la vida familiar con la profesional, no encuentre su reflejo en la actitud política de un Alcalde, que pone así de manifiesto su actitud hipócrita y machista ante la maternidad”
El partido Verde Canario ha propuesto que es necesario extender a todos los sectores laborales, comenzando por la administración pública, la conciliación de la vida familiar y laboral

1º DE MAYO: ENCUENTRO DE MONICA FRASSONI CON LOS SINDICATOS

La presidenta del Grupo Parlamentario de Los Verdes europeos Mónica Frassoni asistió a las celebraciones del primero de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, manteniendo una entrevista con los dirigentes sindicales Alicia Rodríguez de la UGT y Antonio Sardá de Intersindical Canaria.

Los sindicalistas expusieron a la presidenta de Los Verdes que “una parte importante de la cultura empresarial canaria no valora la especialización, ni la formación de los trabajadores y solo busca disminuir los costes de personal. En este sentido los inmigrantes se convierten en un instrumento de las empresas para disminuir costes. Todo ello se traduce en que se está incrementando la economía sumergida, bajando los niveles de calidad del trabajo y en un incremento de la siniestralidad”

La presidenta de Los Verde europeos Mónica Frassoni comunicó a los representantes sindicales que “Los Verdes europeos estamos trabajando para que la Unión Europea considere los flujos migratorios que afectan a Canarias y a otras zonas europeas como un problema global europeo. Se debe exigir unos niveles mayores de inspecciones laborales, un mayor control de la calidad de los servicios y una adecuada formación de los trabajadores”

Según Rafael Rodríguez, portavoz del Partido Verde Canario “sindicalista y verdes coincidimos en que el Gobierno de Canarias desprecia el papel de los sindicatos como actores en el ámbito laboral

APOYO VERDE A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA

APOYO VERDE A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA

Foto: El comite de huelga de los trabajadores de Justicia reunido con Los Verdes 

EL PARTIDO VERDE CANARIO MANIFIESTA SU APOYO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE HUELGA DEL PERSONAL DE JUSTICIA QUE SE HA ENCERRADO EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES I DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

El Partido Verde Canario ha mostrado su apoyo al Comité de Huelga del Personal de Justicia encerrado en Usos Múltiples I de Las Palmas y crítica la incapacidad del Consejero de Presidencia para negociar todos los conflictos abiertos con el personal al servicio de la Administración Pública Canaria

Para Los Verdes es un motivo de preocupación el malestar que sufre el personal al servicio de las administraciones públicas y crítica “la poca capacidad de diálogo que tiene el actual Consejero de Presidencia  y Justicia, el Sr. Ruano. Ejemplo de esta situación de constante crispación son los conflictos en el ámbito de justicia, el que mantiene el personal laboral de la Comunidad Autónoma y los previstos en el Sector de Sanidad”.

Según el portavoz de Los Verdes Rafael Rodríguez Santana “lo que más preocupa a los Verdes  es el talante inflexible e inadecuado que muestra el Consejero de Presidencia, que antepone la perspectiva política a la necesidad que tienen los canarios de servicios públicos de calidad”.

Para Los Verdes sólo faltaba que a la  situación de una Administración de Justicia colapsada en Canarias, con una carga de trabajo por trabajador que supera tres veces la media nacional, con juicios que se demoran el doble que en cualquier otra parte del estado, se le añada  la insensibilidad del responsable de justicia del Gobierno de Canarias a la necesidad de mejora del sistema judicial que tenemos los canarios.

Según el partido ecologista “ lo más preocupante de esta situación del encierro es la violación de los derechos de los trabajadores que frente a en un acto pacífico para dar a conocer sus reivindicaciones, como es un encierro en dependencias públicas, la administración responda con un corte de luz, la eliminación del teléfono y la imposibilidad que los trabajadores encerrados reciban agua o alimentos desde el exterior”  

Desde los Verdes-Partido Verde Canario la apuesta es por unos servicios públicos de calidad para todos los canarios y eso, a la vista de los datos, pasa entre otras cosas por la dignificación de las condiciones laborales de los empleados públicos de Canarias y especialmente en el sector de justicia y en los laborales de la Comunidad Autónoma.

WEB DE LA FEDERACIÓN DE AMPAS

Interesante página Web de la FEDERACIÓN CANARIA DE AMPAS de Centros de Enseñanza no Universitaria
www.fepeleduca.org
Se trata de un portal relacionado con temas educativos, artículos, reflexiones,guías
para padres y madres, enlaces con páginas de interés para las familias.

Es importante que se registren (tu cuenta) porque así pueden votar en las encuestas, envió de noticias de interés para publicar, participar en los foros....en definitiva ser usuarios activos.
Si entran en documentos verán que están divididos por categorías están por ejemplo
las guías del informe pisa con los programas de evaluación internacional de los
alumnosy alumnas, guías de orientación para las familias.

Los enlaces con los diferentes Organismos Educativos, el enlace para el BOC.
Encontraran monográficos de las jornadas y encuentros se han hecho.

APOYO DE LOS VERDES A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA EN CANARIAS

APOYO DE LOS VERDES A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA EN CANARIAS

LOS VERDES MUESTRA SU APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y PIDE MAS MEDIOS PARA CANARIAS.

El Partido Verde ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la Administración de Justicia de Canaria, que en estos momentos se encuentran en lucha para que se le reconozcan sus derechos laborales.El comité de huelga de los trabajadores de justicia expuso ayer a los Verdes sus reivindicaciones, en el marco de una serie de reuniones que los representantes de los trabajadores está llevando a cabo con  todos los partidos políticos.

Según Los Verdes la situación de la justicia en canarias es “penosa”, basando sus afirmaciones en la  última memoria disponible del Consejo General del Poder Judicial, que recoge a Canarias ostenta la mayor tasa de ligitiosidad, poseyendo el record estatal en la tasa de asuntos pendientes de sentencia (tasa de pendencia), con una cifra de 0,34. que para el conjunto del territorio nacional fue del 0,28. Lo que significa que el número de asuntos en trámite o en gestión a al finalizar el año equivale al 34 por ciento de los procedimientos terminados durante todo el año.

Según Los Verdes Canarias supera  con creces la duración media estatal de los procedimientos judiciales, que es la estimación del tiempo que tardan en resolverse los asuntos en trámite.

Rafael Rodríguez  portavoz de Los Verdes ha declarado que “La justicia en Canarias es la gran reforma pendiente, que pasa dignificar las condiciones de trabajo de los trabajadores y dotar de mas personal y medios materiales a la misma. Nos consta que los empleados de justicia están sometidos a una sobrecarga de trabajo brutal que triplica la media de trabajo nacional”.

Por todo ello los Verdes ha tramitado hoy una pregunta parlamentaria, a través de su diputado Francisco Garrido cuestionando al Gobierno de España sobre  las mediadas que, tanto el gobierno central como el autonómico han tomado, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia en Canarias.

LOS VERDES MUESTRA SU APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA

Los ecologistas piden más medios para Canarias

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=21432


CELEBRAMOS EL AÑO NUEVO DESAFIANDO LA PROHIBICION MUNICIPAL DEL NUDISMO

CELEBRAMOS EL AÑO NUEVO DESAFIANDO LA PROHIBICION MUNICIPAL DEL NUDISMO

LOS VERDES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CELEBRAN EL AÑO NUEVO DESAFIANDO LA PROHIBICION MUNICIPAL DEL NUDISMO.

Miembros del Partido Verde Canario han celebrado hoy la entrada del año nuevo bañándose desnudos es la Playa de Las Canteras, desafiando la reciente prohibición municipal del nudismo.

Tras el refrescante baño Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes ha declarado "Los Verdes hemos querido felicitar a la ciudadanía ejerciendo nuestros derecho de bañarnos con o sin bañador. Es inaudito que entrando en el año 2006, el Partido Popular pretenda coartar los derechos constitucionales de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria".

Tanto Los Verdes, como la Federación Española de Naturismo (FEN) han presentado recursos contra la resolución del Concejal de Gobierno del Area de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Paulino Montesdeoca, mediante la cual se prohibe el nudismo en los espacios públicos del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Verdes y naturistas opinan que "la Corporación municipal se ha extralimitado en sus atribuciones al emitir la mencionada resolución, ya que pretende limitar los derechos individuales de las personas y criminalizar el nudismo"

Según Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes "El Ayuntamiento no tiene competencia legal para prohibir el nudismo en la playas, ya que las playas son bienes de dominio público estatal regulados por la Ley de Costas, y según esta ley las competencias municipales sobre las playas no habilitan al Ayuntamiento a regular sobre otro tipo de cuestiones que excedan de las puramente de salubridad pública y de mantenimiento".

Según Rafael Rodríguez "Hay que compatibilizar el uso de las playas y calas del municipio por dos colectivos de usuarios, los que acuden con trajes de baño y los que desearían acudir sin él. Sin embargo frente a una adecuada regulación el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en una aptitud de intolerancia ha optado por una prohibición absoluta de la práctica del nudismo, obligando a los usuarios a estar vestidos en cualquier punto del litoral del término municipal"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: RECURRIDA LA PROHIBICION DEL NUDISMO.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: RECURRIDA LA PROHIBICION DEL NUDISMO.

Foto: El Ayuntamiento de Getxo también intentó prohibir el nudismo .Primero fue un Decreto, luego una Ordenanza, que tuvieron que retirar  ( http://ene-naturismo.org/getxo/index2.htm)

LOS VERDES- PARTIDO VERDE CANARIO ACUSA A LA CORPORACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DE INTOLERANCIA POR PROHIBIR EL NUDISMO.

Según Los Verdes el Ayuntamiento no dispone de habilitación legal para prohibir la práctica del nudismo en las playas del municipio.

Los Verdes- Partido Verde Canaria han presentado hoy un recurso contra la resolución del Concejal de Gobierno del Area de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Paulino Montesdeoca, mediante la cual se prohibe el nudismo en los espacios públicos del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Según Los Verdes "la Corporación municipal se ha extralimitado en sus atribuciones al emitir la mencionada resolución, ya que pretende limitar los derechos individuales de las personas y criminalizar el nudismo". Sin embargo, puntualizan los Verdes, "desde un punto de vista legal, el ordenamiento jurídico no penaliza la práctica del nudismo en espacios públicos. Esta actividad no puede considerarse en ningún caso un problema de seguridad ciudadana, y menos en playas o lugares de baños"

Según Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes "El Ayuntamiento no tiene competencia legal para prohibir el nudismo en la playas, ya que las playas son bienes de dominio público estatal regulados por la Ley de Costas, y según esta ley las competencias municipales sobre las playas no habilitan al Ayuntamiento a regular sobre otro tipo de cuestiones que excedan de las puramente de salubridad pública y de mantenimiento" Recuerdan Los Verdes que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 22 de febrero de 1999, ha considerado nulo un acuerdo municipal donde se decidía a destinar una zona de playa como nudista puesto que es una decisión que debe ser adoptada por la Administración del Estado como titular del bien de dominio público.

Según Rafael Rodríguez "Hay que compatibilizar el uso de las playas y calas del municipio por dos colectivos de usuarios, los que acuden con trajes de baño y los que desearían acudir sin él. Sin embargo frente a una adecuada regulación el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en una aptitud de intolerancia ha optado por una prohibición absoluta de la práctica del nudismo, obligando a los usuarios a estar vestidos en cualquier punto del litoral del término municipal"

Los Verdes considera que es necesario establecer medidas por parte de los poderes públicos que permitan la convivencia entre ambos colectivos de usuarios de las playas que garanticen un ejercicio tolerante de los derechos y libertades de las personas, siempre dentro de los principios que regula el ordenamiento jurídico.

TEXTO INTEGRO DEL RECUSO:

RECURSO DE REPOSICION ANTE LA EXCMA. SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DE AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RECURRENTE

Los Verdes- Partido Verde Canario, con domicilio social en la calle Mesa y López, 83 Local 33 – 35010 – Las Palmas de Gran Canaria.

ACTO QUE SE RECURRE

Resolución número 22.925 de fecha 4 de noviembre del Concejal de Gobierno del Area de Seguridad y Movilidad Ciudadana , Don Paulino Montesdeoca de la Guardia mediante la cual se prohibe el nudismo en los espacios públicos del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

La mencionada resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Número 153, del 30 de noviembre de 2005.

ALEGACIONES

1- Según observamos en el apartado de « antecedente », el Concejal de Gobierno del Area de Seguridad y Movilidad Ciudadana basa esta resolución en que «  en los últimos tiempos se han producido conflictos puntuales en la ciudadanía a raíz de actuaciones aisladas de personas que, en alguna ocasión, han practicado el nudismo en lugares de tradicional concurrencia pública de esta ciudad, ante la sorpresa y rechazo de quienes habitualmente frecuentaban aquellos espacios públicos"

Sin embargo Los Verdes cuestionan esta afirmación pues no le consta la existencia de ningún conflicto significativo entre personas practicantes del nudismo y otros usuarios de lugares de concurrencia pública en el termino municipal de Las Palmas de Gran Canaria, ni en ningún otro lugar de la isla, que pudiera justificar una medida por ir en contra del libre ejercicio de acudir a las playas desnudos o con cualquier prenda. Así cuestionamos la legalidad, e incluso la oportunidad, de restringir una práctica que ha sido tolerada en otras zonas de Gran Canaria, no ocasionando perturbación alguna a la convivencia ciudadana.

Los Verdes opinamos que hay que compatibilizar el uso de las playas o de las calas por dos colectivos de usuarios, los que acuden con trajes de baño y los que acuden sin él. Sin embargo frente a una adecuada regulación el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a optado por una prohibición absoluta de la práctica del nudismo, obligando a los usuarios a estar vestidos en cualquier punto del litoral del término municipal.

En ese sentido corresponde a esta Institución comprobar la adecuación de esa medida dispuesta por el Ayuntamiento con el Ordenamiento Jurídico teniendo en cuenta que las Administraciones, al igual que los ciudadanos, están sometidas al mismo.

2- En el punto tercero de los antecedentes se argumenta « Las características de los espacios públicos de nuestra ciudad, y en particular las playas como lugares más demandados para practicar el nudismo, presentan una morfología que dificulta el acotamiento que la haga compatible con el disfrute del resto de los ciudadanos, al ser lugares insertos en la trama urbana, con libre visibilidad, resultando necesario determinar el lugar más idóneo para la práctica del nudismo".

Sin embargo existen varias calas en el litoral del municipio, por ejemplo en la zona del Confital que no están insertos en la trama urbana y que gozan de visibilidad reducida.

3- Según el punto primero de los fundamentos de derecho, esgrimidos en la presente Resolución la posibilidad de intervenir se encuentra en La Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, permite en su artículo 19.1º a los agentes de la Policía Local limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración de la pacífica convivencia.

Los Verdes consideramos que no es adecuado regular el nudismo en base a la mencionada Ley Orgánica 1/1992 ya que la práctica del nudismo no puede considerarse en ningún caso un problema de seguridad ciudadana, y menos en playas o lugares de baños.

Dentro de este marco competencial las administraciones municipales disponen, artículo 115 d) de la Ley de Costas, de competencias sobre el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baños en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad en los términos que dicte la legislación de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, dentro de las atribuciones que recoge la vigente normativa sectorial, dirigida a definir los usos y el destino de estos bienes de dominio público marítimo terrestre, ha desaparecido la referencia a la policía de moralidad recogida únicamente en la normativa preconstitucional.

4- En cuanto a la segundo fundamento de derecho utilizado por el Ayuntamiento "Sin perjuicio de su consideración con delito cuando de las circunstancias se deduzca la incursión en las conductas previstas en los artículos 185 y 189 del Código Penal, relativos a los actos de exhibición obscena ante menores e incapaces y a la utilización de menores e incapaces con fines exhibicionistas" . Resulta muy difícil atribuir esta conducta delictiva una persona que está desnuda en una playa, puesto que no existe intencionalidad de exhibición, ni contenido sexual.

Conviene aludir a que, desde un punto de vista legal, el ordenamiento jurídico no penaliza la práctica del nudismo en espacios públicos

5-Los Verdes consideramos que no es competencia municipal regular la obligación de estar en las playas del municipio con prenda de baño.

La facultad de policía de la administración, que está dirigida a preservar el interés general, está sujeta a unaserie de límites como son el principio de legalidad, el de igualdad, el de proporcionalidad, el de buena fe y el de interés público.

Así en el ordenamiento aparece una referencia expresa a esos límites en el propio texto constitucional, en su artículo 9.3 y en el 103.1 donde cita que: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con pleno sometimiento a la ley y al Derecho", reiterado en el artículo 3.1 de la ley 30/1992, de RJAP-PAC. En el ámbito local se refleja ese limite mediante el artículo 84.2 de la LBRL que, como bien indica el Ayuntamiento, considera que "la actividad de intervención se ajustará en todo caso a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos, y respeto a la libertad individual".

La vinculación de la actividad administrativa al principio de legalidad conlleva la necesaria autorización por una norma de rango legal para poder intervenir. Esa vinculación positiva es esencial en la intervención de la administración cuando supone una limitación a los particulares y no permite ni tan siquiera su configuración reglamentaria.

Por ello, debemos concluir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no justifica convenientemente cuál es la base legal para la intervención en la actividad de los particulares y para poder establecer la obligación de estar en algunas de las playas del municipio

6- El Ayuntamiento no tiene competencia legal para prohibir el nudismo en la playas. El artículo 132.2 de la Constitución considera a las playas como bienes de dominio público estatal. La utilización de este dominio público viene recogida en el artículo 31 de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas que considera que será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de la misma, tales como pasear, estar, bañarse, etc. En concreto, el artículo 64.2 del RD 1471/1989, por el que se regula el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, considera que las instalaciones que se permitan en las playas serán de libre acceso público salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso por parte del titular del bien de dominio público.

Dentro de este marco competencial las administraciones municipales disponen, artículo 115 d) de la Ley de Costas, de competencias sobre el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baños en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad en los términos que dicte la legislación de las comunidades autónomas.

Con base en ello, las competencias municipales sobre las playas no habilitan al Ayuntamiento a regular sobre otro tipo de cuestiones que excedan de las puramente de salubridad pública y de mantenimiento.

En ese orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 22 de febrero de 1999, sin entrar en el fondo del asunto, ha considerado nulo un acuerdo municipal donde se decidía a destinar una zona de playa como nudista puesto que es una decisión que debe ser adoptada por la Administración del Estado como titular del bien de dominio público.

En cualquier caso, dentro de las atribuciones que recoge la vigente normativa sectorial, dirigida a definir los usos y el destino de estos bienes de dominio público marítimo terrestre, ha desaparecido la referencia a la policía de moralidad recogida únicamente en la normativa preconstitucional.

7-Los Verdes observamos, por cuanto se ha desarrollado en los anteriores fundamentos, que la actividad administrativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que pretende hacer valer mediante esta resolución de una concejalía no está debidamente justificada y se basa en una serie de conceptos erróneos sobre la práctica del nudismo y el grado de tolerancia que la sociedad actual tiene sobre está práctica, además de otras consideraciones, de alcance social y jurídico, que en su contra puedan plantearse.

Los Verdes considera que es necesario establecer medidas por parte de los poderes públicos que permitan la convivencia entre ambos colectivos de usuarios de las playas que garanticen un ejercicio tolerante de los derechos y libertades de las personas, siempre dentro de los principios que regula el ordenamiento jurídico.

A la vista de las anteriores consideraciones sobre la legalidad de la resolución numero 22925 del 4 de noviembre de 2005, debemos concluir que el Ayuntamiento no dispone de habilitación legal para intervenir en la actividad de los particulares para obligar al uso de determinadas prendas de vestir en las playas o en las campas del municipio.

Por todo ello, y haciendo uso de la posibilidad contemplada en la Resolución número 22.925 de fecha 4 de noviembre de presentar un recurso de Reposición ante la Excma. Sra Alcaldesa :

SOLICITAMOS

Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anule la Resolución número 22.925 de fecha 4 de noviembre del Concejal de Gobierno del Area de Seguridad y Movilidad Ciudadana , Don Paulino Montesdeoca de la Guardia aprobado mediante la cual se prohibe el nudismo en los espacios públicos del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, ya que con base en las anteriores consideraciones es contrario al ordenamiento jurídico.

En la confianza de que el presente recurso sea considerado para un mejor respeto de los derechos de los ciudadanos, reciba un afectuoso saludo.

Las Palmas de Gran Canaria a 12 de diciembre de 2005

 

EN LA PRENSA:
 

Canarias7.es - 12/12/2005 Actualizada el 12/12 a las 09:57:

Los Verdes critican la intolerancia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por prohibir el nudismo

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=15269

 

 

PROHÍBEN LA INTERVENCIÓN DE AMALIA BOSCH, EN LOS PLENOS MUNICIPALES,

PROHÍBEN LA INTERVENCIÓN DE AMALIA BOSCH, EN LOS PLENOS MUNICIPALES,

LA NUEVA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA PROHÍBE LA INTERVENCIÓN DE LA CONCEJALA DE LOS VERDES, AMALIA BOSCH, EN LOS PLENOS MUNICIPALES,

Los Verdes de Santa Brígida ha denunciado que la nueva corporación del Ayuntamiento de Santa Brígida prohíbe el uso de la palabra en los plenos municipales a su Concejala Amalia Bosch, a pesar de haber un informe del antiguo Secretario del Ayuntamiento que establece su derecho a intervenir.

Según la formación política el nuevo Alcalde de la Villa de Santa Brígida Antonio Díaz Hernández ha comunicado por escrito a Amalia Bosch la prohibición de intervenir en los plenos del Ayuntamiento, basándose en un informe encargado  a un despecho privado de abogados.

El anterior alcalde de la Villa, Carmelo Vega  ya prohibió a la Concejala verde intervenir en los plenos, ante los cual Amalia Bosch solicitó un informe jurídico del Secretaria  del Ayuntamiento, que acabo dándole la razón a la misma.

El entonces Secretario General dictaminó que “sobre todo teniendo en cuenta el artículo 23 de la Constitución Española y en una interpretación favorable del derecho fundamental de, no solo acceder, sino ejercer sus funciones en las condiciones señaladas en dicho artículo (en un sistema pluralista y multipartidista), que la citada concejal, en el turno de opiniones, además de los otros contemplados en el ROF pueda participar en el debate; esto es, a titulo individual”

Amalia Bosch ha manifestado que “sigue siendo una dictadura en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Aunque haya cambiado el Alcalde, en la práctica no ha cambiado nada. Se siguen conculcando los derechos fundamentales y la voz del 6% de los ciudadanos de Santa Brígida, que apoyaron con su voto la opción verde”

 

CANARIAS A LA COLA DE LOS SALARIOS

CANARIAS A LA COLA DE LOS SALARIOS

El INGRESO MEDIO POR HOGAR EN LAS ISLAS NO LLEGA A LOS 20.000 EUROS ANUALES

El salario bruto mensual de las mujeres en todo el país es un 40% menor

LA OPINION DE TENERIFE (6/11/05)

Canarias continúa atesorando cifras económicas que la sitúan a la cola del desarrollo económico español, al menos por lo que a riqueza de los hogares y salarios se refiere, según desvela una encuesta sobre condiciones de vida efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual en los hogares canarios no se llega a la media anual de 20.000 euros percibidos.

El ingreso medio neto de los hogares canarios es de 19.834 euros anuales, mientras que el ingreso por persona asciende a 6.748 euros, según la Encuesta de Condiciones de Vida que se presentó ayer, por primera vez, con datos recabados en 2004 y que ha sido publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las comunidades autónomas con mayores ingresos son Madrid y Cataluña, con una media por hogar de 25.493 euros y 24.763 euros, respectivamente. Por el contrario, las comunidades con los ingresos medios por hogar más bajos son Extremadura (16.470 euros) y Andalucía (18.336 euros). La media nacional se sitúa en 21.551 euros anuales para los hogares y 7.591 euros por persona.
Por otra parte, el INE desvela que durante 2003, en un 18,6% de los hogares canarios, se percibía la prestación por desempleo.

Salario y género
En cuanto al salario bruto por hora, Murcia, Canarias y Galicia presentan los salarios brutos más bajos, con unas remuneraciones por hora inferiores en más de un 15,0 por ciento a la media nacional. Por el contrario, Navarra y el País Vasco tienen los salarios brutos medios mensuales y por hora más elevados.
Por sexos, el salario bruto por hora de los varones es un 17,3% superior al de las mujeres, según datos de esta misma encuesta, de modo que el salario bruto por hora de las mujeres es un 9,4% menor a la media, mientras que el salario bruto de los varones es un 6,3% superior. En el caso del salario bruto mensual, la diferencia entre hombres y mujeres es mucho mayor. Según la encuesta, el sueldo mensual de las mujeres es un 40% inferior al de los varones.

Empleo cada vez peor
Al pesimismo expresado por estos datos, se une la apreciación hecha desde UGT señalando que el empleo en Canarias es "cada vez peor" y que, cuando sube el paro, lo sigue haciendo más entre el género que menos gana.
En este sentido, precisan que "nos encontramos con un Gobierno de Canarias poco activo, dormido, mirando para otro lado, con falta de dinamismo y de gestión, sin llegar a actuaciones encaminadas a activar el empleo". Según UGT, el Gobierno de Canarias "sigue la misma política de precariedad laboral con sus empleados públicos, ya que en su administración mantiene un excesivo nivel de precariedad laboral. Tiene 1200 trabajadores laborales en situación de inestabilidad, algunos contratados hace más de tres años con contratos eventuales; otros muchos tienen unos contratos de tan sólo algunas horas de trabajo a la semana. Son 7.000 los trabajadores laborales discriminados en sus salarios con el resto de sus compañeros funcionarios y sin unos derechos adecuados".

http://www.la-opinion.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=43652&pIdSeccion=12

CIUDAD FANTASMA

CIUDAD FANTASMA

CIUDAD FANTASMA

Domingo Afonso

Hay entre nosotros una nueva ciudad fantasma de casi 400.000 habitantes y casi no nos damos cuenta, pero su presencia comienza a afectar a la calidad de vida de los canarios. Prueba de ello es que el gasto sanitario producido por las nuevas 375.000 inmigrantes atendidos por la seguridad social el pasado año se elevó  a 23 millones de euros.


Los extranjeros que cuentan con tarjeta sanitaria individual en las islas (TSI) en las islas son ya 190.413, el 10% de total de tarjetas sanitarias en Canarias.. La cifra de extranjeros se ha duplicado desde el 2000. 8 de cada 10 pacientes extranjeros proceden de países no comunitarios, sobre todo europeos del  Este; sudamericanos y magrebies.
Los desplazados, que se corresponden a personas de otras comunidades autónomas también han ido creciendo en los últimos años llegando a la cifra de 184.488, a punto de igualarse con los extranjeros
En las última décadas Canarias ha sufrido un brutal incremento de la población residente, lo que se se ha traducido en un tremendo impacto social y medioambiental en nuestro territorio.
400 personas mas suponen más coches y carreteras, mas necesidades energéticas, mas consumo de agua, más viviendas,…etc. Y somos un territorio muy limitado.
No solo nuestro territorio, y el medioambiente se ven alterados, también abría que considerar los aspectos culturales y sicológicos que la masiva llegada de extranjeros provoca sobre los canarios pudiéndose despertar indeseables sentimientos xenófobos en la población autóctona, o situaciones de revuelta social como las que se acaban de vivir en Francia.
Los Verdes entendemos necesaria una actuación política que permita frenar el brutal crecimiento de la población residente en Canarias. El fenómeno migratorio es una cuestión social y política, y como tal debe ser tratado.
En estos momentos en que se está discutiendo la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y se plantea la necesidad de una reforma constitucional para dar cabida a las exigencias de autogobierno de las comunidades autónomas es un buen momento para plantear esta cuestión.
Canarias debería tener mecanismo mecanismos legales y jurídicos que permitan el control y regulación de los flujos migratorios, desde intervenciones municipales a la posibilidad de introducir normativas y legislación propias.
Es necesaria una regulación para garantizar la correcta socialización de la población inmigrada y para preservar nuestra sociedad de las tendencias xenófobas que se podrían derivar de un incremento de población excesivamente rápido.
Si no hacemos nada quizás cuando lleguen las vaca flacas sen algo más que coches lo que arde en Canarias.


MÁS INFORMACION:
El Servicio Canario de Salud atiende en la actualidad a unas 375.000 personas que no nacieron en Canarias, pero que residen en el Archipiélago, tanto extranjeros como desplazados de otras  comunidades autónomas, una cantidad que se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años fruto del boom económico y poblacional que han vivido las Islas. Estas personas representan un gasto sanitario de algo más de 23 millones de euros al año.
LA PROVINC IA (20/11/05)
Consulta esta noticia en:
http://www.editorialprensacanaria.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=32116
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EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PROHIBE EL NUDISMO

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PROHIBE EL NUDISMO

EL NUDISMO QUEDA PROHIBIDO POR DECRETO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD

LA PROVINCIA (6/11/05)

El nudismo está desde el viernes prohibido en todos los espacios públicos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Paulino Montesdeoca, rubrica el decreto por el que se prohíbe la práctica del nudismo "en las calles, plazas, parques, jardines, piscinas, playas, recintos deportivos y demás instalaciones de titularidad pública", sin perjuicio no obstante, según reza la resolución, de que puede ser autorizado en un futuro siempre que se acredite un número real y significativo de practicantes para una determinada zona del litoral capitalino.

El decreto viene motivado por la insistente convocatoria de la Asociación Naturista de las Islas Canarias (Aniscan) para concentraciones en El Confital y Las Canteras a fin de reivindicar una zona en estas playas para la práctica nudista. Convocatorias que no logró aglutinar, en ambos casos, más que al convocante y presidente de la Asociación, Francisco Ojeda.

El Ayuntamiento entiende que es su obligación regular el uso de los espacios públicos. En virtud de ello está obligado a tomar decisiones que aseguren la convivencia entre los conciudadanos y que los conflictos por actuaciones aisladas de nudistas en lugares concurridos no pueden volver a repetirse.

Desde su punto de vista, el nudismo, "cuando se practica en lugares de tránsito, uso masivo o bien impropio de quella práctica, deja de ser natural para convertirse en forzado exhibicionismo impuesto a los demás, alejado del tradicional estado de paz y sosiego propio de la filosofía naturista, coartando el uso de tales espacios a otros usuarios al entrar en conflicto con creencias personales, religiosas u opción de educación de sus hijos".

El Ayuntamiento estima que las playas del municipio no tienen las características necesarias para que puedan ser utilizadas por los nudistas, una práctica "que tradicionalmente se circunscribe a lugares apartados y poco frecuentados". Y, por el contrario, los espacios públicos capitalinos, especialmente las playas, se caracterizan por ser lugares "insertos en la trama urbana, con libre visibilidad".

Contra esta resolución municipal se puede interponer, con un plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.

http://www.editorialprensacanaria.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=31580

NUDISTAS EN LAS CANTERAS

NUDISTAS EN  LAS CANTERAS

FOTO: Presidente de La Asociación Naturista de Las Islas  Canarias (ANISCAN) Francisco Ojeda iniciando la concentración naturista  del pasado sábado  en la playa de Las Canteras,

ESTE SÁBADO Y DOMINGO SE CELEBRARON CONCENTRACIONES NUDISTAS EN LAS CANTERAS Y CONFITAL
 

Este sábado en La Playa de Las Canteras, zona de la Cicer y este domingo en el Confital- Zoco del Confital- hubieron dos concentraciones nudistas organizadas por ANISCAN. En dicho acto, sobretodo en La playa de Las Canteras, organizado por primera vez en su "historia", la organización de dichas manifestaciones repartirán panfletos y trípticos informando de las ventajas de dicha practica naturista.

Ambas concentraciones tienen autorización de la Delegación de Gobierno y se repetirán en los próximos tres fines de semana siguientes.

El horario de dichas concentraciones será de 11:00 h a 18:00 h
 
 
http://www.miplayadelascanteras.com/actualidad.asp?id=5133

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LA CARESTÍA DE LA VIDA SE DISPARA EN CANARIAS

LA CARESTÍA DE LA VIDA SE DISPARA EN CANARIAS
Manuel de la Rosa Hernández

Mientras algunos agentes sociales y el gobierno se alegraban de la bajada en medio punto del IPC en el mes de julio, el coste de la vida contante y sonante suponía para la mayoría una cuesta arriba en su día a día. Y es que una cosa es el Índice de Precios al Consumo (IPC) oficial y otra es la carestía real con la que tenemos que lidiar a diario.

En esos índices oficialistas no se tiene en cuenta la subida que han sufrido productos básicos como el transporte, vivienda o educación, que el precio de los carburantes haya subido un 25 % en lo que va de año o que la bombona doméstica de gas haya pasado de 9´50 euros a costar 10´20 euros, entre otras muchas subidas de productos básicos.

El falso IPC oficial no responde a pautas reales de consumo y necesidades de la mayoría social de Canarias, especialmente de quienes tienen dificultad para llegar a final de mes. Se toman para su cálculo unos elementos que no son los usuales para la mayoría de la gente. Y así sale un IPC distorsionado.

Sólo así pueden aparecer unos índices de precio al consumo como el de julio en el que no se tienen en cuenta parámetros tan decisivos como la cesta de la compra media de la población, el que muchos tengan que utilizar el vehículo privado para ir al trabajo ante un deficiente y caro transporte público o simplemente comprar una bombona para cocinar. Hay que tener en cuenta además que en le mes de julio se ponen en marcha las conocidas ?rebajas? por parte de ciertos comercios. Todo ello da al traste con unas camufladas cifras oficiales.

Con los productos alimenticios ha pasado más de lo mismo, a pesar de que en Canarias existen las subvenciones del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) Pero estas ayudas del REA son acaparadas por unas contadas grandes empresas cárnicas y lácteas. Y es que el REA es una de las tantas estafas legales existentes en las islas. Como denunciaba hace unos días la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) las ayudas no llegan al pequeño productor agrario y ganadero ni benefician al consumidor.

Por otro lado, la incorporación del Estado español al euro ha contribuido a propiciar una mayor carestía y a una pérdida enorme de poder adquisitivo entre los sectores populares que dependen de mísero salario o de bajos ingresos para sobrevivir. Son estos sectores los que se tienen que rebelar ante esta situación, haciendo un frente común para luchar por la recuperación de su poder adquisitivo.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población en Canarias es asalariada, podemos concluir que esta es una cuestión que afecta a amplias capas de la población y que por tanto es una cuestión de interés general. En Canarias, esta situación se ve agravada por el hecho de que la media salarial esta muy por debajo de la media estatal o por el hecho de que una parte amplia de la población está excluida del proceso productivo y ha sido empobrecida por el sistema.

Todo ello, hace aún más insólitas las declaraciones de las cúpulas dirigentes de CCOO y UGT saludando una hipotética bajada del IPC, que con la que llueve no se cree nadie. Estas directivas no parecen tener ni los pies ni la cabeza en las señaladas realidades sociales. Comisiones Obreras de Canarias hizo público un comunicado en el que ?considera que los precios en Canarias evolucionan de una forma aceptable, después de conocerse un descenso del 0,5% en el IPC de julio? y además señala su preocupación por la productividad de las empresas por lo que "deben ponerse en funcionamiento los mecanismos para paliar la pérdida acumulada de competitividad del tejido socioeconómico".

Los asalariados podrían recuperar el poder adquisitivo perdido por medio de la negociación colectiva, por medio de sus convenios laborales y llegado el caso con la presión social, pero aquí se tropiezan con las políticas sindicales de las cúpulas señaladas que establecen contenciones salariales en nombre del progreso, de la productividad o cualquier otra lisonja del gusto de la patronal.

Por otro lado están una parte importante de los asalariados que no están organizados (trabajadores eventuales, inmigrantes,...) para los que todo esto empeora su existencia, o bien los empleados públicos a los que el gobierno de turno les determina sus salarios y que ya sufrieron varias congelaciones en los mismos por parte de sucesivos gobiernos.

Frente a una subida galopante de la carestía es necesario que se organicen respuestas de los asalariados y de otros sectores sociales populares exigiendo soluciones, yendo a las causas que la producen. Es necesario que los salarios en Canarias respondan a las necesidades de los trabajadores, que le permitan afrontar una existencia digna, que estos cuenten con cláusulas de revisión en función de las subidas reales del coste de la vida y que desde las distintas Administraciones públicas se implemente una auténtica política social que responda a las necesidades planteadas por la población en todos los ámbitos. Es necesario enfrentar políticas fiscales injustas y exigir todas aquellas medidas que mejoren la realidad de la mayoría social de Canarias.

Frente a la subida del IPC su correlato es la subida salarial automática, eso sería lo justo. Pero eso tendría que ir parejo a un gran nivel de organización, conciencia y lucha de los trabajadores. El reto está planteado.

ASESINATO DE ROQUETAS DE MAR

LOS VERDES SOLICITAN LA DIMISIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL POR LO OCURRIDO EN ROQUETAS DE MAR

Los Verdes solicitaron hoy la dimisión del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, por los hechos ocurridos el pasado 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), donde falleció el agricultor de 39 años J.M.G., presuntamente por las lesiones ocasionadas por ocho agentes --uno en prácticas-- y un teniente.

8-7-05 EL PAIS, EL MUNDO , CANARIAS 7, DIARIO DE AVISOS, DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA, DIARIO DE NOTICIAS (NAVARRA), IDEAL, DIARIOS DEL GRUPO PRISA ANDALUCIA, EUROPA PRESS

En un comunicado, Los Verdes señalaron que "entendemos que el Director General de la Guardia Civil ha reaccionado tarde y mal ante la muerte de un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar".

A su entender, Arruche "ha tenido la típica reacción corporativa de encubrimiento de los hechos y de exculpación de sus subordinados. El talante de un responsable democrático y civil debiera haber sido uno muy distinto pues el Director General está ahí para la defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y no para la defensa corporativa de los agentes".

Para Francisco Garrido, diputado de Los Verdes en el Congreso y que estará presente en la comparecencia el día 11 del ministro Alonso en la Cámara Baja para informar de lo sucedido, "los hechos de Roquetas son de una gravedad extrema y han de ser atajados dura y rápidamente. El recuerdo de unos centros policiales y cuartelillos de la Guardia Civil donde se torturaba masivamente durante el franquismo y la impunidad en que quedó todo aquello, están demasiado frescos en la memoria de los demócratas españoles como para que sucesos de este tipo no alienten recuerdos y asociaciones indeseables".

Los informes de asociaciones como Amnistía Internacional o Derechos Humanos, según Los Verdes-A, "han insistido sobre la existencia de malos tratos y brutalidad policial en detenciones y centros policiales en España. Exigimos tolerancia cero y que al gobierno progresista de Rodríguez Zapatero no le tiemble la mano para actuar con contundencia para que todo el peso de la ley caiga contra este tipo de conductas impropias de funcionarios públicos que están al servicio del pueblo".

La formación propuso, al respecto, la aprobación de medidas de garantía "como la grabación de las declaraciones, interrogatorios y estancias de los detenidos en centros policiales para que hechos como éste no vuelvan a producirse".

Por ultimo informar que Francisco Garrido estará presente el próximo jueves día 11 en la comparecencia del Ministro del interior en el Congreso de los Diputados para explicar los hechos sucedidos

ACCESO A LOS EXPEDIENTES SOBRE MEDIO AMBIENTE

ACCESO A LOS EXPEDIENTES SOBRE MEDIO AMBIENTE UNA LEY PERMITIRÁ ACCEDER A LOS EXPEDIENTES SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los ciudadanos podrán exigir información a las autoridades sobre el estado de las aguas, la calidad del aire de su ciudad, el ruido, las radiaciones o los residuos radiactivos. Asimismo deberán ser escuchadas sus aportaciones sobre cualquier plan, programa o norma relacionados con el medio ambiente que estén en fase de elaboración. Así lo prevé el borrador de una ley que se debate hoy en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

http://www.ambientum.com

Las ONG de defensa del medio ambiente y los ciudadanos tendrán un papel más activo en la toma de decisiones públicas que afecten al medio ambiente. El Gobierno ha preparado una ley con la que se pretende lograr, según afirman fuentes ministeriales, una mayor educación ambiental de la sociedad fomentando la participación y el acceso a la información.

El borrador de la Ley Reguladora de los Derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia Medioambiental, que sustituirá a una normativa de 1995, se debate hoy en la Conferencia Sectorial, en la que participan los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Previsiblemente será remitido este mes al Consejo de Ministros.

Éstas son las principales novedades del texto legal, que incorpora al derecho español dos directivas europeas de 2003 que han entrado en vigor este año:

Derecho a la información

- Con la futura norma, se amplía el concepto de ‘información ambiental’ respecto a la legislación anterior. Los ciudadanos, a partir de ahora, podrán solicitar datos sobre espacios naturales, agua, suelo, aire y atmósfera; energía, ruido, radiaciones, residuos, emisiones y vertidos; planes, medidas y programas medioambientales; informes sobre el cumplimiento de las leyes; y el estado de la salud y seguridad de las personas.

- Las autoridades tendrán la obligación de facilitar toda la información que obre en su poder, les pertenezca o no el expediente administrativo correspondiente, y deberán hacerlo en el plazo de un mes (dos en casos de especial complejidad). Si no suministran los datos o informes, tendrán que justificar los motivos de esta negativa.

-Cuando la autoridad pública no posea la información, deberá remitir la solicitud a quien la tenga.

-Las administraciones habrán de elaborar listas (que serán de acceso público) de las autoridades que posean información relacionada con el medio ambiente.

Derecho a participar en la toma de decisiones

-Cuando se vaya a elaborar algún plan, programa o disposición medioambiental, el público deberá ser informado. Se establecerán unos plazos para que cualquiera pueda presentar su opinión.

- Las organizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente podrán participar en la toma de decisiones a lo largo de todo el procedimiento y las administraciones estarán obligadas a tomar en consideración las observaciones presentadas.

- La decisión que finalmente se adopte tendrá que justificarse.

Acceso a los tribunales

- Los ciudadanos podrán impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y participación que les reconoce la ley.

-Las organizaciones no gubernamentales tendrán la posibilidad de impugnar judicialmente cualquier infracción de la legislación medioambiental que cometan las autoridades públicas.

http://www.ambientum.com/noticias_detalle.asp?id=25075