URBANISMO-TERRITORIO

GRAN CANARIA: DIQUE NO!! EN EL BURRERO

LOS VERDES DEL SURESTE PRESENTA ALEGACIONES AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO (GRAN CANARIA)

Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario ha presentado alegaciones al Proyecto de Restauración de la Playa del Burrero, que se encuentra en exposición pública hasta el día 19 de agosto en la sede de la Demarcación de Costas de Canarias.

Los Verdes ha alegado que el proyecto no se ajusta al objeto del mismo, establecido en su punto 1 como “obras a ejecutar para la restitución de la Playa del Burrero a sus condiciones originales”, ya que en el mismo no se contempla la eliminación del dique sur, que según todos los estudios previos realizados, constituye la principal alteración de las condiciones originales de la mencionada playa. Es más, se dedica una parte importante del presupuesto a “remozar” el mencionado dique con 20 metros de nueva escollera y reposición del pavimento y vallado, balizamiento,..etc.

Según Los Verdes no se ha respetado la opinión de la actual corporación municipal que ha defendido en todo momento la eliminación, al menos parcial, del dique sur, ni se ha considerado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Ingenio de desmantelar el tramo inicial del dique, alternativa de menor coste económico y que permitiría el flujo natural de la arena y de la suciedad acumulada por la línea de costa. Tampoco se ha tenido en cuenta los estudios que recomendaban la eliminación del dique sur. Realizados por el CEDEX del Ministerio de Medioambiente y el Estudio de Eliminación de Impactos Negativos de la Playa del Burrero”, encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente .

Según Domingo Afonso, portavoz de Los Verdes del Sureste “el dique sur es la causa directa de la acumulación de la arena que se pretende extraer y de la una suciedad permanente en la cara norte del mismo y constituye una notable agresión paisajística y medioambiental, presentando un aspecto deplorable”

Alega Los Verdes que el Proyecto no ha respetado el acuerdo de la Comisión Especial de Actuaciones en el Litoral de Ingenio, reunida los días 11 y 19 de Febrero de 2004, a instancia de la Delegación de Costas, que decidió que debería procederse a la eliminación del dique sur.

Por todo ello Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario ha solicitado la modificación del proyecto de restauración de la playa del Burrero incluyendo en el mismo como actuación principal la demolición del dique sur devolviendo de esta manera a la Playa del Burrero a sus condiciones originales.

TEXTO INTEGRO DE LA ALEGACION
Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente
Demarcación de Costas de Canarias

ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO, T.M. DE INGENIO DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS

De acuerdo al Anuncio de la Demarcación de Costas de Canarias perteneciente a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Nº 85 del 27 de Julio de 2005, por el que se somete a información pública EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO, T.M. DE INGENIO y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Domingo Afonso Martín en calidad de portavoz de LOS VERDES DEL SURESTE-PARTIDO VERDE CANARIO presenta las siguientes alegaciones:

1- El Proyecto no se ajusta al Objeto del mismo, establecido en su punto 1 como “Definición de las obras a ejecutar para la restitución de la Playa del Burrero a sus condiciones originales”. Ya que en el mismo no se contempla la eliminación del dique sur, que según todos los estudios previos realizados, constituye la principal alteración de las condiciones originales de la mencionada playa. Es más, se dedica una parte importante del presupuesto a “remozar” el mencionado dique con 20 metros de nueva escollera y reposición del pavimento y vallado, balizamiento,..etc.

2- En el mencionado punto 1 del proyecto, que recoge el objeto se afirma “que la resolución es fruto de un acuerdo previo entre la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Ingenio, afirmación que se aleja de la realidad, ya que la actual corporación municipal ha defendido en todo momento la eliminación, al menos parcial, del dique sur.

3- En la solución adoptada en el proyecto “mantener el dique sur”, no se ha tenido en cuenta el informe realizado por el CEDEX del Ministerio de Medioambiente , que planteaba la posibilidad de “reducir la longitud del dique, recortando el tramo final del mismo”. En dicho estudio se afirma que “Si se desmantelara el dique sur se restauraría la playa a sus morfología original”

4- Tampoco se ha tenido en cuenta las conclusiones del “Estudio de Eliminación de Impactos Negativos de la Playa del Burrero”, encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a D. Enrique Copeiro (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y Miguel Ángel García Campos (I.T de Obras Públicas), que recomendaban eliminar por completo el dique sur .

5- No se ha considerado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Ingenio de desmantelar el tramo inicial del dique. Alternativa de menor coste económico y que permitiría el flujo natural de la arena y de la suciedad acumulada por la línea de costa.

6- Las razones que se dan el proyecto para no eliminar el dique sur no se ajustan a la realidad pues:

4.1- El dique no se ha consolidado en la zona, pues es la causa directa de la acumulación de la arena que se pretende extraer y de la una suciedad permanente en la cara norte del mismo.
4.2- El dique sur no esta integrado en el entorno pues constituye una notable agresión paisajística y medioambiental , presentando un aspecto deplorable.
4.3- Los callaos, una vez repuestos, no necesitan del dique para su permanencia, pues es estaban en el lugar miles de años antes de la construcción del dique.
4.4- El dique por su peligrosidad no debería ser una zona de paseo.

7- No se ha respetado el acuerdo de la Comisión Especial de Actuaciones en el Litoral de Ingenio , reunida los días 11 y 19 de Febrero de 2004, a instancia de la Delegación de Costas. Esta comisión decidió que debería procederse a la ELIMINACION DEL DIQUE SUR.

Por todo el:

Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario solicita la modificación del proyecto RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO incluyendo en el mismo como actuación principal la demolición del dique Sur devolviendo de esta manera a la Playa del Burrero a sus condiciones originales.

Las Palmas de Gran Canaria a 11 de agosto de 2005
Domingo Afonso Martín
Portavoz de Los Verdes del Sureste-Partido Verde Canario

GRAN CANARIA: DIQUE NO!! EN EL BURRERO

LOS VERDES DEL SURESTE PRESENTA ALEGACIONES AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO (GRAN CANARIA)

Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario ha presentado alegaciones al Proyecto de Restauración de la Playa del Burrero, que se encuentra en exposición pública hasta el día 19 de agosto en la sede de la Demarcación de Costas de Canarias.

Los Verdes ha alegado que el proyecto no se ajusta al objeto del mismo, establecido en su punto 1 como “obras a ejecutar para la restitución de la Playa del Burrero a sus condiciones originales”, ya que en el mismo no se contempla la eliminación del dique sur, que según todos los estudios previos realizados, constituye la principal alteración de las condiciones originales de la mencionada playa. Es más, se dedica una parte importante del presupuesto a “remozar” el mencionado dique con 20 metros de nueva escollera y reposición del pavimento y vallado, balizamiento,..etc.

Según Los Verdes no se ha respetado la opinión de la actual corporación municipal que ha defendido en todo momento la eliminación, al menos parcial, del dique sur, ni se ha considerado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Ingenio de desmantelar el tramo inicial del dique, alternativa de menor coste económico y que permitiría el flujo natural de la arena y de la suciedad acumulada por la línea de costa. Tampoco se ha tenido en cuenta los estudios que recomendaban la eliminación del dique sur. Realizados por el CEDEX del Ministerio de Medioambiente y el Estudio de Eliminación de Impactos Negativos de la Playa del Burrero”, encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente .

Según Domingo Afonso, portavoz de Los Verdes del Sureste “el dique sur es la causa directa de la acumulación de la arena que se pretende extraer y de la una suciedad permanente en la cara norte del mismo y constituye una notable agresión paisajística y medioambiental, presentando un aspecto deplorable”

Alega Los Verdes que el Proyecto no ha respetado el acuerdo de la Comisión Especial de Actuaciones en el Litoral de Ingenio, reunida los días 11 y 19 de Febrero de 2004, a instancia de la Delegación de Costas, que decidió que debería procederse a la eliminación del dique sur.

Por todo ello Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario ha solicitado la modificación del proyecto de restauración de la playa del Burrero incluyendo en el mismo como actuación principal la demolición del dique sur devolviendo de esta manera a la Playa del Burrero a sus condiciones originales.

TEXTO INTEGRO DE LA ALEGACION
Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente
Demarcación de Costas de Canarias

ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO, T.M. DE INGENIO DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS

De acuerdo al Anuncio de la Demarcación de Costas de Canarias perteneciente a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Nº 85 del 27 de Julio de 2005, por el que se somete a información pública EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO, T.M. DE INGENIO y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Domingo Afonso Martín en calidad de portavoz de LOS VERDES DEL SURESTE-PARTIDO VERDE CANARIO presenta las siguientes alegaciones:

1- El Proyecto no se ajusta al Objeto del mismo, establecido en su punto 1 como “Definición de las obras a ejecutar para la restitución de la Playa del Burrero a sus condiciones originales”. Ya que en el mismo no se contempla la eliminación del dique sur, que según todos los estudios previos realizados, constituye la principal alteración de las condiciones originales de la mencionada playa. Es más, se dedica una parte importante del presupuesto a “remozar” el mencionado dique con 20 metros de nueva escollera y reposición del pavimento y vallado, balizamiento,..etc.

2- En el mencionado punto 1 del proyecto, que recoge el objeto se afirma “que la resolución es fruto de un acuerdo previo entre la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Ingenio, afirmación que se aleja de la realidad, ya que la actual corporación municipal ha defendido en todo momento la eliminación, al menos parcial, del dique sur.

3- En la solución adoptada en el proyecto “mantener el dique sur”, no se ha tenido en cuenta el informe realizado por el CEDEX del Ministerio de Medioambiente , que planteaba la posibilidad de “reducir la longitud del dique, recortando el tramo final del mismo”. En dicho estudio se afirma que “Si se desmantelara el dique sur se restauraría la playa a sus morfología original”

4- Tampoco se ha tenido en cuenta las conclusiones del “Estudio de Eliminación de Impactos Negativos de la Playa del Burrero”, encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a D. Enrique Copeiro (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y Miguel Ángel García Campos (I.T de Obras Públicas), que recomendaban eliminar por completo el dique sur .

5- No se ha considerado la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Ingenio de desmantelar el tramo inicial del dique. Alternativa de menor coste económico y que permitiría el flujo natural de la arena y de la suciedad acumulada por la línea de costa.

6- Las razones que se dan el proyecto para no eliminar el dique sur no se ajustan a la realidad pues:

4.1- El dique no se ha consolidado en la zona, pues es la causa directa de la acumulación de la arena que se pretende extraer y de la una suciedad permanente en la cara norte del mismo.
4.2- El dique sur no esta integrado en el entorno pues constituye una notable agresión paisajística y medioambiental , presentando un aspecto deplorable.
4.3- Los callaos, una vez repuestos, no necesitan del dique para su permanencia, pues es estaban en el lugar miles de años antes de la construcción del dique.
4.4- El dique por su peligrosidad no debería ser una zona de paseo.

7- No se ha respetado el acuerdo de la Comisión Especial de Actuaciones en el Litoral de Ingenio , reunida los días 11 y 19 de Febrero de 2004, a instancia de la Delegación de Costas. Esta comisión decidió que debería procederse a la ELIMINACION DEL DIQUE SUR.

Por todo el:

Los Verdes del Sureste- Partido Verde Canario solicita la modificación del proyecto RESTAURACIÓN DE LA PLAYA DEL BURRERO incluyendo en el mismo como actuación principal la demolición del dique Sur devolviendo de esta manera a la Playa del Burrero a sus condiciones originales.

Las Palmas de Gran Canaria a 11 de agosto de 2005
Domingo Afonso Martín
Portavoz de Los Verdes del Sureste-Partido Verde Canario

FUERTEVENTURA: SUSPENDEN LA CONSTRUCCIÓN DE 6 HOTELES EN EL COTILLO

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende la construcción de 6 hoteles en el Cotillo

El Ayuntamiento tendrá que enfrentarse aún a la paralización y liquidación de 19 planes parciales aprobados por la anterior corporación
Canarias7.es - 06/07/2005
Tras dos años de lucha del actual Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva formado por Coalición Canaria, CC, y Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura desde ayer quedó sentenciado que El Cotillo, La Oliva, seguirá conservando sus parajes naturales.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias así lo dictaminó en una sentencia que da la razón al Cabildo de Fuerteventura al negarse a conceder la autorización a la empresa Oliva Oceánidas, S.L., para la construcción de 6 hoteles de 4 estrellas que suman un total de 2.810 habitaciones y 5.716 camas recogidas en el Plan Parcial SAU 8 de El Cotillo aprobado por la anterior corporación municipal liderada por Domingo González Arroyo.

La compañía Oliva Oceánidas, SL, propietaria de los terrenos donde tenía pensado construir los complejos hoteleros presentó entonces un recurso contra las resoluciones del Cabildo de Fuerteventura por las que en su día se denegaron las autorizaciones para construir los 6 hoteles en El Cotillo.

Según fuentes cercanas al procedimiento judicial, el principal escollo al que se enfrentaban tanto Ayuntamiento de La Oliva como la corporación majorera era el dejado por el anterior Grupo de Gobierno municipal del Partido Popular, que en su día cursó un formulismo para otorgar una licencia municipal para la construcción de los hoteles, aunque condicionada a la autorización del Cabildo de Fuerteventura.

Sin embargo, lo que sí llevó a cabo la anterior corporación liderada por Domingo González Arroyo fue la recaudación de las tasas e impuestos derivados de las licencias, a pesar de no contar con el visto bueno del Cabildo de Fuerteventura, y que según fuentes del Ayuntamiento podría ascender a 1.100 millones de las antiguas pesetas que “ya no están en las arcas municipales”.

La batalla legal emprendida en su momento por Oliva Oceánidas, S.L., se centró en estas licencias municipales provisionales otorgadas por la corporación norteña y en el retraso del Cabildo para dar una contestación, alegando silencio administrativo.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge en su sentencia no sólo que se da por probado que no existió silencio administrativo sino que, además, determina que en el proyecto de construcción de los 6 hoteles y cerca de 6.000 camas existen errores y fallos técnicos que justificaron en su momento que el Cabildo no diese los permisos.

A pesar de que cabe un recurso ante el Tribunal Supremo es casi imposible que se varíe el contenido de la contundente sentencia del TSJC y en el caso de que la empresa afectada decida presentarlo podría alargarse más de 5 años antes de tener una resolución en firme.

Lo que sí comenzará a negociarse desde mañana, según fuentes del Ayuntamiento de La Oliva, es la liquidación de las tasas e impuestos cobrados por la corporación de González Arroyo en la anterior legislatura y para la que la propia alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, ha solicitado ya la colaboración de instituciones como la máxima institución majorera o el propio Gobierno de Canarias.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se espera poder llegar a un acuerdo con Oliva Oceánidas, SL, para la adquisición de los terrenos y su conversión en suelo de titularidad pública.

En cuanto al resto del Plan Parcial SAU 8 de El Cotillo, que comprenden las nuevas calles construidas y la instalación de farolas también se encuentra en vías de negociación y ha sido recurrido por el Gobierno de Canarias para su paralización definitiva y la demolición de todas las calles recientemente asfaltadas y su posterior recuperación como zona natural.

Tanto el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, como el vicepresidente, Domingo Fuentes y la alcaldesa, Claudina Morales, han manifestado su satisfacción ya que con esta sentencia “se está abriendo la puerta de la sostenibilidad para El Cotillo que podrá incorporarse al desarrollo turístico de una manera mucho más racional”. Esta sentencia “da la razón a los que luchamos por un desarrollo sostenible tanto desde el grupo de Gobierno del Cabildo como del Ayuntamiento de La Oliva”.

Hoy, además, también se dio a conocer la última sentencia relativa a la cantera de la Caldereta que conlleva el cierre definitivo de la cantera. “El TSJC de Canarias da la razón a la Viceconsejería de Industria y determina la caducidad definitiva de la actividad”, apuntó la alcaldesa, Claudina Morales que añadió que ya se está tramitando con carácter de urgencia el procedimiento para cerrar la planta y recuperar el entorno.

A pesar de haber ganado las dos primeras batallas judiciales el Ayuntamiento de La Oliva tiene que enfrentarse aún a un total de 19 planes parciales que fueron aprobados por la anterior corporación de Domingo González Arroyo en los dos últimos años de legislatura y “cuyos impuestos procedentes de las licencias han sido cobrados y gastados”, señalaron fuentes de la corporación.

Por su parte, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, aseguró que “esta es la mejor forma de celebrar el pacto de progreso que pusimos en marcha hace dos años y que ya ha conseguido acabar con la construcción de 5.716 camas en el Cotillo y el cierre definitivo de la cantera de La Caldereta”, apostilló.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=5377&dia=07/07/05

MALTRATO INSTITUCIONAL A LOS MENORES.

FOTO: Ayatimas E.D., tenía 15 años y se encontraba internada en Tabares tras ser condenada por la juez de menores de Santa Cruz de Tenerife a 10 meses de internamiento como autora de un delito de lesiones y otro de amenazas en su entorno familiar

INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO

Una niña de 15 años falleció ayer en Valle Tabares asfixiada con el humo que provocó el incendio de los colchones a los que ella misma y otras dos chicas prendieron fuego. Una de ellas está en coma. La otra, fuera de peligro.

Canarias7 (8/06/05)

VER NOTICIA EN CANARIAS7

LOS VERDES- PARTIDO VERDE CANARIO ACUSA AL GOBIERNO DE CANARIAS DE “MALTRATO INSTITUCIONAL” A LOS MENORES.

COMUNICADO DE PRENSA

Los Verdes- Partido Verde Canario responsabiliza al Presidente del Gobierno de Canarias, en su condición de máximo responsable de los distintos departamentos con responsabilidad sobre los menores, de las desgraciadas muertes y lesiones que han ocurrido últimamente en los centros de menores de Canarias.

Los Verdes apoya las demandas del personal de la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia, que en reiteradas ocasiones han denunciado la pésima situación en que están desarrollando su trabajo y reclamado medidas a favor de una adecuada política de Infancia y Familia y medidas concretas en materia de menores tales como procedimientos, procesos y reglas operativas, en materia de situaciones de riesgo, amparo y ejecución de medidas judiciales.

Los Verdes reclama que se cumplan las Leyes competentes en la materia, la ejecución del Plan Integral de Atención al Menor en Canarias (1998-2008), los programas de actuación previstos y sobre todo que se dote adecuadamente de profesionales cualificados a los servicios responsables de ejecutarlos.

Los Verdes critica que ante graves sucesos acaecidos en los últimos años bajo la responsabilidad pública, no se den soluciones reales al problema sino que se busquen salidas de “maquillaje político” tales como el traslado de competencias a otros Departamentos.

Los Verdes- Partido Verde Canario considera que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación de los menores en Canarias, se deben arbitrar urgentemente todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para asumir adecuadamente las competencias que el Gobierno de Canarias ostenta.
Dirección General de Protección del Menor y

COMUNICADO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA EN LA SEDE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los trabajador@s de la D.G.P.M.F. quieren manifestar ante todos los empleados públicos y la ciudadanía, la situación en la que desarrollamos nuestro trabajo desde hace muchos años y que, en reiteradas ocasiones hemos venido denunciando. Se han reclamado actuaciones globales en cuanto a las Políticas Sociales en general y a las de menores en particular, llegando incluso los profesionales a acudir a una huelga en mayo de 2003 (se adjunta documento entregado a instituciones, partidos políticos, Diputado del Común, medios de comunicación y ciudadanos/as), demandando medidas que iban desde el diseño de una Política Global de Infancia y Familia hasta el establecimiento de procedimientos, procesos y reglas de relación operativas, en materia de situaciones de riesgo, amparo y ejecución de medidas judiciales.

Las propuestas teóricas, metodológicas e instrumentales realizadas por los técnicos de los distintos servicios a lo largo de la vida de esta Dirección General, incluso con auditorías externas y Autoevaluación dirigida por la Inspección General de Servicios dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia (modelo EFQM – años 1999/2000), ha quedado como material de estanterías en no sabemos que despachos sin que los hayan tenido en cuenta para el funcionamiento de los recursos de menores y familias, depositándose siempre la confianza en agentes externos a la Dirección General. Como ejemplo más cercano de este que decimos está la previsible transferencia a Presidencia y Justicia del Servicio de Medidas Judiciales.

Desde la creación en 1991 de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, la inestabilidad política y directiva que ha experimentado el Gobierno de Canarias en esta área, nos ha afectado de manera sustancial, imposibilitando la ejecución de las Leyes competentes en la materia, del Plan Integral de Atención al Menor en Canarias (1998-2008) y mermando la calidad de los servicios que ofrecemos, además de frustrar las iniciativas profesionales/técnicas de los que desarrollamos nuestra labor en este Centro Directivo. En definitiva no se puede hablar de procesos de continuidad y evaluación de programas y proyectos realizados tanto desde nuestra gestión directa como de otras Administraciones Públicas a las que se han transferido competencias, incluidas las que ponemos en manos de Entidades Colaboradoras de la iniciativa social.

Entendemos que si los responsables políticos de las Instituciones (Empleo, Sanidad, Educación, Administración Local) competentes en la Atención Integral del Menor y la Familia no son capaces de llevar a cabo de forma coordinada una red de Programas de actuación real, coherente, eficaz y temporalizada y dotar adecuadamente a los servicios de los profesionales adecuados y necesarios a las necesidades existentes, la negligencia resultante no va a ser secundada por los trabajadores ni estamos dispuestos a ser cómplices del maltrato institucional que se está generando.

Que aún con los sucesos graves acaecidos en los últimos años, incluso con el fallecimiento de menores bajo la responsabilidad pública, no se den respuestas que afronten de verdad las causas que provocan esta realidad sino que se busque como salida el traslado de competencias a otros Departamentos nos lleva a preguntarnos cuestiones como:

¿Es así como se resuelven los problemas sin haber obtenido por parte de nuestros responsables respuesta alguna a las demandas presentadas por los trabajadores implicados?

¿Qué es lo que tendría que suceder a las familias y los menores en Canarias para que todos los responsables políticos e institucionales tomen conciencia de la situación real y por tanto arbitren soluciones también reales a los mismos?

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a pedir al Presidente del Gobierno de Canarias, en su condición de máximo responsable de los distintos departamentos con competencias en Infancia y Familia que a la mayor urgencia posible se actúe en conformidad con la gravedad de la situación arbitrando todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios y desde un conocimiento riguroso de la problemática que afecta a la Infancia (prevención, promoción, riesgo, amparo, menores extranjeros no acompañados y medidas judiciales) y tomando como referencia la evaluación experiencia desarrollada para que los usuarios/as de nuestros servicios no tengan que seguir sufriendo los vaivenes de las decisiones tomadas obedeciendo sólo a las urgencias y a criterios arbitrarios.

Las Palmas de Gran Canaria a 8 de junio de 2005

NOTA: se adjuntan hojas con las firmas de los trabajadores.

FUERTEVENTURA: MAS DESTRUCCIÓN EN EL COTILLO

UNA EMPRESA PODRA EDIFICAR MUY CERCA DEL PUEBLO DE EL COTILLO
El Cabildo aprueba un convenio en La Oliva para urbanizar casas y hoteles
CANARIAS7(25/05/05)
La suscripción del convenio urbanístico entre el Cabildo, La Oliva y Urbanizadora El Cotillo SA levantó ayer la polémica en el pleno ordinario. El acuerdo se aprobó finalmente con los votos a favor del grupo de gobierno (CC-PSOE) y en contra del PP e IF.
Buscar suelo para garantizar, por una parte, el suelo donado por el Ayuntamiento de La Oliva a los vecinos y, por otra parte, buscar alternativas al plan parcial SAU-8 Costa del Faro, que prevía la construcción de unas 6.000 camas. El presidente, Mario Cabrera, explicaba ayer las ventajas del acuerdo urbanístico a firmar entre el Cabildo, La Oliva y Urbanizadora El Cotillo SA.
El convenio establece la cesión por parte de la empresa mercantil al Ayuntamiento de un total de 145.035 metros cuadrados en la zona de La Capellanía y que se unen así a los 268.684 metros cedidos anteriormente en 1983. El suelo se deberá destinar a los vecinos de El Cotillo y El Roque de forma gratuita. El acuerdo urbanístico también establece otra cesión de 3.672 metros cuadrados en El Roque. Todo ello suman 563.979 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial y turístico, propiedad de la citada empresa en La Capellanía.
De esta manera, el primer mandatario majorero asegura que se garantizan dos parcelas hoteleras (de unas mil camas cada una) y el suelo necesario para un campo de golf, al tiempo que se compensa a la promotora permitiéndole la edificabilidad a una zona cercana al pueblo.
Domingo González (PP) basó su rechazo al convenio en que «es una manera de quitar terrenos a los vecinos de El Cotillo» y en que se trata de «un negocio especulativo fomentado por CC».
La suscripción del convenio urbanístico entre el Cabildo, La Oliva y Urbanizadora El Cotillo SA levantó ayer la polémica en el pleno ordinario. El acuerdo se aprobó finalmente con los votos a favor del grupo de gobierno (CC-PSOE) y en contra del PP e IF.

ILEGALIDAD DE LA LEY URBANÍSTICA

PROCESO DE INFRACCIÓN CONTRA ESPAÑA POR LA LRAU. ESPAÑA DISPONE DE DOS MESES PARA HACER ALEGACIONES, TRAS EL CUAL LA COMISIÓN DECIDIRÁ SI ELABORAR O NO UN DICTAMEN MOTIVADO

COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO VERDE/ALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Tras hacerse pública la semana pasada la noticia de que la Comisión europea iba a iniciar procedimientos de infracción contra el Reino de España por la mala aplicación hecha de la Ley Reguladora de la actividad urbanística (LRAU), y debido a que el Parlamento europeo no fue informado de ello, la Comisión de Peticiones ha pedido a la Comisión europea que haga una declaración de motivos delante de la Comisión en su reunión de hoy, 19 de abril.

Como ya comentó el eurodiputado valenciano del Grupo Verde/ALE David Hammerstein en días pasados:
"El expediente de la Comisión apunta hacia un régimen urbanístico valenciano de favoritismo, arbitrariedad y corrupción. Cada día crece más la mala fama del urbanismo valenciano en Europa."
Hammerstein también había apuntado hacia el hecho de que "Después de esta carta de notificación formal es el Gobierno Central, además de la Generalitat, quien tendrá que velar por el cumplimiento de la legalidad comunitaria en las cuestiones aludidas"
En su escrito al Gobierno español, la Comisión europea afirma que la LRAU es poco transparente y contraria a legalidad europea de contratación pública y de obras públicas ya que las directivas europeas pretenden evitar el abuso de poder y la prevaricación por parte de las autoridades públicas.

España dispone de dos meses, a partir del momento en que la Comisión le envió la carta de emplazamiento, a mediados de marzo del 2005, para enviarle sus alegaciones a ésta. En ese momento, la Comisión habrá de decidir si aquéllas son insuficientes, procediendo en ese caso a la preparación de un Dictamen Motivado.

Hammerstein ha dicho que "Tras el anuncio de la Comisión europea, ahora quedan muchas incógnitas en el aire, en un proceso que no hace más que comenzar. Es necesario cambiar por completo la ley, y aunque la información es confusa, a finales de mayo una misión observadora de la Comisión de Peticiones viajará a Valencia para inspeccionar la situación sobre el terreno, y por supuesto para estudiar de cerca la nueva propuesta de borrador de ley, para verificar que los cambios sean más que pura cosmética.

Otros puntos aun abiertos son que se hará con los contratos urbanísticos ya concluidos, sí se pararan les obras ilegales y si se exigirán compensaciones a los afectados."

En su intervención ante la Comisión, David Hammerstein se ha congratulado por la decisión de la Comisión europea "que responde a la demanda de cientos de miles de ciudadanos valencianos ", también ha recordado que "Valencia sufre de la mayor especulación urbanística de toda Europa y la contratación publica se realiza a veces a través de informaciones privilegiadas, se trata de proyectos que se han preparado durante años con agentes urbanizadores"

Hammerstein ha añadido "Este proceso de infracción iniciado por la Comisión europea deja al descubierto otras muchas cuestiones, tales como la destrucción irreversible del medio ambiente y el agotamiento de los recursos acuíferos".

En este sentido, el eurodiputado Hammerstein se ha referido como ejemplo de lo anteriormente dicho al "Proyecto de Trasvase Jucar-Vinalopó, un proyecto poco realista e insostenible realizado con financiación europea"

BOLARDOS EN EL MONTE

BOLARDOS EN EL MONTE
Amalia Bosch Benítez, Concejal Los Verdes del Ayuntamiento de Santa Brígida.

El viernes, con mucho celo y premura, los operarios de alguna institución insular, sembraron de bolardos todo el margen de la carretera general a su paso por el Monte. Los motivos están claros: hace unos años se autorizó un aparcamiento privado con la condición de que se retiraran los aparcamientos del borde de la carretera. Eso está firmado y sellado por la autoridad competente hace ya unos dos años. La cuestión es por una parte la legalidad, puesto que uno se debe preguntar cómo es que el Cabildo decide autorizar un aparcamiento que se come el arcén público, que no respeta la distancia al eje de la carretera y todo eso lo hace a favor de un supuesto bien colectivo que en realidad se concreta con una actuación privada, porque no existe convenio de gestión mixta entre el constructor y el ayuntamiento. Es decir, ¿por qué se le permite a un particular invadir espacio público si la colectividad no obtiene nada a cambio? Máxime cuando ni siquiera se han respetado los términos en los que se firmó el convenio entre el empresario y el ayuntamiento. Quiero recordar desde estas líneas, que Los Verdes hemos denunciado en repetidas ocasiones, al igual que el resto de partidos de la oposición la situación de posible ilegalidad en la que se encuentra el parking, sin que hasta el momento se nos haya dado respuesta a nuestras peticiones.
Eso en cuanto a la legalidad pero también me planteo si realmente había necesidad de colocar bolardos en la carretera general. Todo empezó hace más tiempo, cuando se diseñó una acera de color rosa y unos palos de los que debían colgar geranios. En algunas partes de la carretera se respetaron los aparcamientos en batería, como ocurre entre Padre Anchieta y Fernando Guanarteme, pero justamente delante de la fachada del hotel se eliminaron todos los aparcamientos. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido que en El Monte ni en La Atalaya ni en toda Santa Brígida, se apliquen recetas que no tienen en cuenta lo peculiar de nuestra orografía. La carretera general no es un sitio por el que la gente pasee, sino que la gente se desplaza, realiza sus compras y regresa a sus casas. Casas que normalmente son chalés situados bien en el fondo de un barranco, bien en la ladera de un monte y no es presentable que vayan a hacer la compra a pie y vuelvan cargados. Por eso el Monte, se llama así “monte” y La Atalaya así “atalaya”. Todo lo que no sea tener en cuenta las características especiales de un núcleo municipal disperso en una geografía accidentada, será actuar contra los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que se ha hecho en EL Monte, digámoslo con toda claridad ha sido favorecer a un solo ciudadano: el dueño del parking. Y todo comenzó cuando se ejecutaron aceras contra los coches en el interior del Monte. Hoy, saben ustedes, los coches siguen sin aparcar en el parking. Todos enrabietados huyen del pago y los tengo todos aparcaditos, sábados, domingos y días de entre semana en el callejón de casa de mis padres. Eso es el resultado de una actuación hecha en contra de los vecinos del barrio. Hay maneras de arreglar este desaguisado, pero no hay voluntad y la verdad me estoy planteando poner una barrera delante del callejón y cobrar a cada coche que entre, porque si el del parking pudo invadir espacio público para su negocio privado, ¿porqué no puedo hacerlo yo?
Amalia Bosch Benítez
Concejal de Los Verdes

CONGRESO CIUTAT VERDA

El verde se ha considerado durante mucho tiempo un elemento que genera unos costes superiores a sus beneficios. En Europa han empezado a organizar actividades con el fin de cambiar esta visión. En este sentido, en Cataluña hemos creado la marca X+Verd y hemos decidido celebrar el Congreso Ciutat Verda para difundir un nuevo mensaje:

Construir una ciudad más verde no es un coste: es una inversión muy rentable

El Congreso Ciutat Verda es un paso importante para el establecimiento de estrategias y la promoción del verde como factor de valor.

El Congreso Ciutat Verda invita a ciudadanos, decisores públicos y actores económicos a ver el verde como un beneficio funcional y económico. Los centros urbanos acontecen confortables gracias a las flores, plantas y árboles. Más verde quiere decir más salud, más calidad en la educación y la vivienda, más ocio y un entorno más acogedor para los turistas.

El Congreso establece como objetivos:

Enfatizar la importancia funcional, económica, ambiental, psicológica y social del verde a las ciudades.
Dar herramientas para fomentar la atención al verde a los centros urbanos.
Conocer casos y experiencias de toda Europa.
Sensibilizar e incentivar a ciudadanos, organizaciones y empresas a pensar en el verde como un activo.
Estudiar las estrategias de futuro para dar a conocer internacionalmente Cataluña como una región que se preocupa por su paisaje urbano.
Centrar el debate en los elementos naturales que se encuentran en el interior de los centros urbanos o espacios dónde se produce cualquier actividad humana.
Con motivo de la celebración del Congreso Ciutat Verda, varias organizaciones de Europa aprovecharán la cita para reunirse por primera vez en Barcelona e intercambiar opiniones sobre los retos de cada región.

Tras el Congreso Ciutat Verda la marca "X+Verd" promoverá la cooperación pública y privada organizando conferencias, proyectos, trabajos y becas para estudiar las incidencias económicas del verde en la sociedad, entre otras.

MAS INFORMACIÓN

BRUSELAS PIDE CUENTAS POR EL CONCURSO DEL ISTMO

Foto: Protesta de Los Verdes-Partido Verde Canario en Bruselas

Bruselas abre procedimiento de infracción por el concurso del istmo
La Comisión Europea lanzó oficialmente este miércoles el procedimiento de infracción contra el concurso arquitectónico para la urbanización del istmo de Las Palmas de Gran Canaria por “supuesta infracción” de la legislación comunitaria de mercado de servicios públicos, particularmente, las “directivas 92/50/EEC y 89/665/EEC”.
Canariasahora.com (17/03/05)
En este sentido, el portavoz de Mercado Interior y Servicios del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, aseguró que en base a la “información” de que dispone Bruselas, este concurso “no es compatible con las reglas” comunitarias. El portavoz explicó que, entre otros aspectos, “no se basa en normas claras” puesto que no definía “quién podía participar en la competición” y “no establecía claramente las condiciones que había que cumplir para ganar el concurso”.

Por ello, Bruselas ha decidido enviar una carta de requerimiento -primer paso por escrito de este procedimiento de infracción- a España “en la que se invita a las autoridades de este país a presentar observaciones respecto a la compatibilidad con la legislación de la Unión Europea (UE) del procedimiento utilizado” en el concurso de “proyectos de arquitectura organizado en 2004 por la Comisión Mixta Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de la zona del istmo de Santa Catalina”. Madrid dispone de dos meses para responder a esta misiva del Ejecutivo comunitario.

Drewes indicó que “dependiendo de la respuesta de España” la “Comisión Europea decidirá qué hacer después con este caso”. Para paralizar la continuación del procedimiento de infracción es necesario que se realicen “cambios” que hagan que el concurso sea “compatible con las reglas de servicios públicos” europeas, afirmó el portavoz de Mercado Interior y Servicios. Entre estas posibles modificaciones citó que no se limite la participación "únicamente a grupos reducidos” así como “esclarecer qué tipo de condiciones se deben cumplir para participar” o llevar a cabo un “nuevo concurso” de ideas.

De otra parte, Oliver Drewes aclaró que “en este momento” la apertura del procedimiento de infracción contra el concurso del istmo de Las Palmas de Gran Canaria no pone en peligro las ayudas comunitarias que pudiera recibir en un futuro, ni las que se conceden a otros proyectos en el Archipiélago. Además, el portavoz de la Comisión Europea no quiso “especular” sobre posibles sanciones si el expediente llega a la parte final del proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Las pegas de Bruselas

El Ejecutivo comunitario considera que el "procedimiento de adjudicación no era conforme a la Directiva 92/50/EEC, en la medida en que no se procedió a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea”.

A lo que hay que añadir, según Bruselas que los “arquitectos invitados directamente por el órgano de contratación fueron seleccionados atendiendo a criterios desconocidos, que no se publicaron en la documentación del concurso ni en la invitación a licitar”.

La Comisión Europea también muestra reservas ante el método de selección de los proyectos. Al respecto, Bruselas afirma que las “las propuestas de los distintos candidatos no se presentaron ni fueron evaluadas por el jurado de forma que quedara garantizado su anonimato” ya que “entre las condiciones de la licitación se preveía una presentación oral de las distintas propuestas a cargo de los respectivos candidatos y su exposición pública antes de que el jurado adoptara una decisión”.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario estima que el “sistema de medidas cautelares vigente en España no hizo posible la suspensión del procedimiento de adjudicación”. “El tribunal español”, añade, “tardó tres meses y medio en desestimar la solicitud de suspensión presentada por el demandante” y tomó su decisión el mismo día que el jurado emitió su fallo.

La Comisión Europea añade que el tribunal español “desestimó la solicitud provisionalísima de suspensión, alegando que no concurrían circunstancias de urgencia excepcionales (circunstancias que, por otra parte, casi nunca son admitidas por los tribunales españoles cuando se trata de contratos públicos), lo que es contrario al efecto útil y a los requisitos en materia de urgencia de la Directiva 89/665/CEE”.

El Ejecutivo comunitario remitió, el 13 de octubre, una carta a las autoridades españolas, a raíz de una querella presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, solicitando explicaciones respecto a este concurso ya que podía incumplir la normativa comunitaria de mercado público de servicios.

En diciembre, Madrid envió su respuesta a los servicios de Bruselas asegurando que habían solicitado a las autoridades responsables la paralización del mismo, aunque en Las Palmas de Gran Canaria continuó el proceso de selección.

El 15 de febrero, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josefa Luzardo y Jose Manuel Arnáiz, respectivamente, se entrevistaron en Bruselas con responsables de la Dirección General de Mercado Interior para aportar y recabar información sobre el proyecto del istmo de la capital grancanaria. Encuentro tras el cual la Comisión Europea no varió su postura y consideró que podían existir problemas de compatibilidad con la legislación comunitaria. Por este motivo abrió este miércoles el procedimiento de infracción mediante el escrito de requerimiento.

Siguientes pasos

La Comisión Europea puede continuar el proceso y enviar un dictamen motivado (última advertencia por escrito) en el caso de que no esté conforme con la respuesta de las autoridades españolas o si ésta no existe.

En el dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario establece clara y definitivamente los motivos por los que se considera que se ha infringido la normativa de la UE y se insta al Estado miembro a remediar la situación en un plazo determinado, que normalmente también es de dos meses.

En el caso de que el Estado miembro no cumpla con lo exigido por el dictamen motivado, la Comisión Europea tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si el Tribunal de Justicia dictamina que se ha infringido el Tratado, se exige al país miembro infractor que tome las medidas necesarias para remediar la situación.
http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=59649&idtemageneral=1

GREENPEACE SE RENUEVA

GREENPEACE CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL Y RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA, NUESTRO COMPAÑERO VÍCTOR SANTANA ESTUVO ALLÍ.

El pasado domingo 27 de febrero, se reunió en Madrid la Asamblea ordinaria del Consejo de Greenpeace España. En dicha reunión se aprobó el balance de actividades de 2004, el presupuesto para el año 2005 y se renovó la Junta Directiva de la organización. La nueva Junta Directiva está formada por: José Luis García Lorenzo (Presidente), Ana Escrihuela (Vicepresidenta), Laura Silvani, Josepa Castells, Cristina Alvarez, Mónica Bustos y Mireia Ivanovich.
José Luis García Lorenzo (Ponferrada, León, 1963), es geógrafo de formación y ha trabajado durante 14 años como consultor ambiental para diferentes organismos públicos, empresas privadas y ONG en dos ámbitos de actuación: planificación y gestión ambiental y territorial, y evaluación de impacto ambiental. En la actualidad trabaja como coordinador de proyectos para la Fundación Oso Pardo.
"Asumo con mucha ilusión el reto de presidir la organización. Seguiremos en la línea marcada por la anterior Junta Directiva luchando por un mundo más habitable" ha declarado José Luis García Lorenzo, nuevo Presidente de Greenpeace.
El Consejo de Greenpeace valoró de forma muy positiva el trabajo de la Junta saliente, presidida por Dolores Romano, que ha jugado un papel clave en la renovación de la organización. La organización terminó 2004 con 85. 391 asociados, cifra récord en su historia y unos ingresos de 4 millones euros.
El año 2005 se plantea como un año de continuidad en las campañas de la organización, con especial prioridad al trabajo en contra del cambio climático? la mayor emergencia ambiental a la que se enfrenta la tierra ?, y en defensa de los océanos y los bosques. Asimismo la organización espera mantener la tendencia de crecimiento registrada en los últimos tres años.
Fuente: http://blogia.com/turcon/index.php?idarticulo=200503013

GREENPEACE SE RENUEVA

GREENPEACE CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL Y RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA, NUESTRO COMPAÑERO VÍCTOR SANTANA ESTUVO ALLÍ.

El pasado domingo 27 de febrero, se reunió en Madrid la Asamblea ordinaria del Consejo de Greenpeace España. En dicha reunión se aprobó el balance de actividades de 2004, el presupuesto para el año 2005 y se renovó la Junta Directiva de la organización. La nueva Junta Directiva está formada por: José Luis García Lorenzo (Presidente), Ana Escrihuela (Vicepresidenta), Laura Silvani, Josepa Castells, Cristina Alvarez, Mónica Bustos y Mireia Ivanovich.
José Luis García Lorenzo (Ponferrada, León, 1963), es geógrafo de formación y ha trabajado durante 14 años como consultor ambiental para diferentes organismos públicos, empresas privadas y ONG en dos ámbitos de actuación: planificación y gestión ambiental y territorial, y evaluación de impacto ambiental. En la actualidad trabaja como coordinador de proyectos para la Fundación Oso Pardo.
"Asumo con mucha ilusión el reto de presidir la organización. Seguiremos en la línea marcada por la anterior Junta Directiva luchando por un mundo más habitable" ha declarado José Luis García Lorenzo, nuevo Presidente de Greenpeace.
El Consejo de Greenpeace valoró de forma muy positiva el trabajo de la Junta saliente, presidida por Dolores Romano, que ha jugado un papel clave en la renovación de la organización. La organización terminó 2004 con 85. 391 asociados, cifra récord en su historia y unos ingresos de 4 millones euros.
El año 2005 se plantea como un año de continuidad en las campañas de la organización, con especial prioridad al trabajo en contra del cambio climático? la mayor emergencia ambiental a la que se enfrenta la tierra ?, y en defensa de los océanos y los bosques. Asimismo la organización espera mantener la tendencia de crecimiento registrada en los últimos tres años.
Fuente: http://blogia.com/turcon/index.php?idarticulo=200503013

EXTERMINIO DE AVES AMENAZADAS EN LA PALMA

La guardería de caza de La Palma ha comunicado a los responsables de la Unidad Insular de Medio Ambiente del Cabildo el reciente hallazgo de dos ejemplares de aguililla, especie protegida e incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, donde figuran un total de 450 especies, y en el que se toma en consideración las especies amenazadas de la flora y fauna silvestre del Archipiélago.

Diario de Avisos (3/03/05)

Los cadáveres se localizaron en las proximidades de la Montaña de Las Tricias, en Garafía, por parte de los guardas de caza adscritos al servicio de vigilancia cinegética de las Sociedades de Cazadores de La Palma. De la observación realizada en El Revolcadero, como se conoce el lugar del hallazgo, los guardas particulares del campo apreciaron restos de productos supuestamente tóxicos, que pudieran estar relacionados con la muerte de estos ejemplares de aguililla, animal al que también se conoce popularmente por ratonero común. La infracción, caso de confirmarse el origen de la misma, podría ser objeto de una dura sanción según recoge la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. También el Código Penal tipifica como delito diversas acciones que dañen a las especies catalogadas, llegando a establecer fuertes multas, inhabilitación temporal para cazar o pescar, e inclusive penas de prisión que pueden oscilar entre seis meses y dos años. Desde las Sociedades de Cazadores de La Palma se recuerda que los guardas tienen como parte de su trabajo de campo, la protección de la biodiversidad insular. Así, se ha informado de los hechos a la Unidad Insular de Medio Ambiente con la finalidad de continuar con la toma de muestras de cadáveres e iniciar una investigación que llegue a determinar las causas por las que estas rapaces fallecieron.

La aguililla se encuentra incluida en este catálogo como una subespecie de "interés especial" por ser merecedora de una atención particular en función de su valor científico, ecológico y cultural. En tal sentido, el catálogo recoge en sus anexos una cifra considerable de especies amenazadas; en parte fruto de la incidencia de las actividades humanas sobre los frágiles ecosistemas y hábitat insulares. De acuerdo con el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, para esta rapaz como otras subespecies denominadas de "interés especial" se prevé la redacción de un plan de manejo que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en un nivel adecuado.

Estas especies contribuyen a mantener la estabilidad de los ecosistemas de los que forman parte y la salud de las poblaciones de las especies de la caza.

LOS VERDES EUROPEOS CONTRA LAS PROSPECCIONES

Foto:1er Consejo del Partido Verde Europeo, celebrado el pasado noviembre en Dublín

EL PARTIDO VERDE EUROPEO POR LA PROTECCIÓN DEL BANCO PESQUERO CANARIO SAHARAUI FRENTE A PROSPECCIONES PETROLERAS CON SÓNARES.

En el primer consejo del Partido Verde Europeo, celebrado el pasado noviembre en Dublín, Amalia Bosch, en representación de Los Verdes defendió una propuesta de resolución conjuntamente con la Red Verde del Mar del Norte, para que el Partido Verde Europeo incluyera entre sus líneas de actuación la protección del banco pesquero canario saharaui de las prospecciones petroleras con sónares.

La resolución aprobada considera que dado las repercusiones locales sobre la pesca y la biodiversidad marina no debieran abrirse nuevos yacimientos en zonas altamente dependientes se su riqueza biológica marina como las Islas Canarias.