BRUSELAS PIDE CUENTAS POR EL CONCURSO DEL ISTMO

Foto: Protesta de Los Verdes-Partido Verde Canario en Bruselas

Bruselas abre procedimiento de infracción por el concurso del istmo
La Comisión Europea lanzó oficialmente este miércoles el procedimiento de infracción contra el concurso arquitectónico para la urbanización del istmo de Las Palmas de Gran Canaria por “supuesta infracción” de la legislación comunitaria de mercado de servicios públicos, particularmente, las “directivas 92/50/EEC y 89/665/EEC”.
Canariasahora.com (17/03/05)
En este sentido, el portavoz de Mercado Interior y Servicios del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, aseguró que en base a la “información” de que dispone Bruselas, este concurso “no es compatible con las reglas” comunitarias. El portavoz explicó que, entre otros aspectos, “no se basa en normas claras” puesto que no definía “quién podía participar en la competición” y “no establecía claramente las condiciones que había que cumplir para ganar el concurso”.

Por ello, Bruselas ha decidido enviar una carta de requerimiento -primer paso por escrito de este procedimiento de infracción- a España “en la que se invita a las autoridades de este país a presentar observaciones respecto a la compatibilidad con la legislación de la Unión Europea (UE) del procedimiento utilizado” en el concurso de “proyectos de arquitectura organizado en 2004 por la Comisión Mixta Puerto-Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de la zona del istmo de Santa Catalina”. Madrid dispone de dos meses para responder a esta misiva del Ejecutivo comunitario.

Drewes indicó que “dependiendo de la respuesta de España” la “Comisión Europea decidirá qué hacer después con este caso”. Para paralizar la continuación del procedimiento de infracción es necesario que se realicen “cambios” que hagan que el concurso sea “compatible con las reglas de servicios públicos” europeas, afirmó el portavoz de Mercado Interior y Servicios. Entre estas posibles modificaciones citó que no se limite la participación "únicamente a grupos reducidos” así como “esclarecer qué tipo de condiciones se deben cumplir para participar” o llevar a cabo un “nuevo concurso” de ideas.

De otra parte, Oliver Drewes aclaró que “en este momento” la apertura del procedimiento de infracción contra el concurso del istmo de Las Palmas de Gran Canaria no pone en peligro las ayudas comunitarias que pudiera recibir en un futuro, ni las que se conceden a otros proyectos en el Archipiélago. Además, el portavoz de la Comisión Europea no quiso “especular” sobre posibles sanciones si el expediente llega a la parte final del proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Las pegas de Bruselas

El Ejecutivo comunitario considera que el "procedimiento de adjudicación no era conforme a la Directiva 92/50/EEC, en la medida en que no se procedió a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea”.

A lo que hay que añadir, según Bruselas que los “arquitectos invitados directamente por el órgano de contratación fueron seleccionados atendiendo a criterios desconocidos, que no se publicaron en la documentación del concurso ni en la invitación a licitar”.

La Comisión Europea también muestra reservas ante el método de selección de los proyectos. Al respecto, Bruselas afirma que las “las propuestas de los distintos candidatos no se presentaron ni fueron evaluadas por el jurado de forma que quedara garantizado su anonimato” ya que “entre las condiciones de la licitación se preveía una presentación oral de las distintas propuestas a cargo de los respectivos candidatos y su exposición pública antes de que el jurado adoptara una decisión”.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario estima que el “sistema de medidas cautelares vigente en España no hizo posible la suspensión del procedimiento de adjudicación”. “El tribunal español”, añade, “tardó tres meses y medio en desestimar la solicitud de suspensión presentada por el demandante” y tomó su decisión el mismo día que el jurado emitió su fallo.

La Comisión Europea añade que el tribunal español “desestimó la solicitud provisionalísima de suspensión, alegando que no concurrían circunstancias de urgencia excepcionales (circunstancias que, por otra parte, casi nunca son admitidas por los tribunales españoles cuando se trata de contratos públicos), lo que es contrario al efecto útil y a los requisitos en materia de urgencia de la Directiva 89/665/CEE”.

El Ejecutivo comunitario remitió, el 13 de octubre, una carta a las autoridades españolas, a raíz de una querella presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, solicitando explicaciones respecto a este concurso ya que podía incumplir la normativa comunitaria de mercado público de servicios.

En diciembre, Madrid envió su respuesta a los servicios de Bruselas asegurando que habían solicitado a las autoridades responsables la paralización del mismo, aunque en Las Palmas de Gran Canaria continuó el proceso de selección.

El 15 de febrero, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josefa Luzardo y Jose Manuel Arnáiz, respectivamente, se entrevistaron en Bruselas con responsables de la Dirección General de Mercado Interior para aportar y recabar información sobre el proyecto del istmo de la capital grancanaria. Encuentro tras el cual la Comisión Europea no varió su postura y consideró que podían existir problemas de compatibilidad con la legislación comunitaria. Por este motivo abrió este miércoles el procedimiento de infracción mediante el escrito de requerimiento.

Siguientes pasos

La Comisión Europea puede continuar el proceso y enviar un dictamen motivado (última advertencia por escrito) en el caso de que no esté conforme con la respuesta de las autoridades españolas o si ésta no existe.

En el dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario establece clara y definitivamente los motivos por los que se considera que se ha infringido la normativa de la UE y se insta al Estado miembro a remediar la situación en un plazo determinado, que normalmente también es de dos meses.

En el caso de que el Estado miembro no cumpla con lo exigido por el dictamen motivado, la Comisión Europea tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si el Tribunal de Justicia dictamina que se ha infringido el Tratado, se exige al país miembro infractor que tome las medidas necesarias para remediar la situación.
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