MALTRATO INSTITUCIONAL A LOS MENORES.

FOTO: Ayatimas E.D., tenía 15 años y se encontraba internada en Tabares tras ser condenada por la juez de menores de Santa Cruz de Tenerife a 10 meses de internamiento como autora de un delito de lesiones y otro de amenazas en su entorno familiar

INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO

Una niña de 15 años falleció ayer en Valle Tabares asfixiada con el humo que provocó el incendio de los colchones a los que ella misma y otras dos chicas prendieron fuego. Una de ellas está en coma. La otra, fuera de peligro.

Canarias7 (8/06/05)

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LOS VERDES- PARTIDO VERDE CANARIO ACUSA AL GOBIERNO DE CANARIAS DE “MALTRATO INSTITUCIONAL” A LOS MENORES.

COMUNICADO DE PRENSA

Los Verdes- Partido Verde Canario responsabiliza al Presidente del Gobierno de Canarias, en su condición de máximo responsable de los distintos departamentos con responsabilidad sobre los menores, de las desgraciadas muertes y lesiones que han ocurrido últimamente en los centros de menores de Canarias.

Los Verdes apoya las demandas del personal de la Dirección General de Protección al Menor y a la Familia, que en reiteradas ocasiones han denunciado la pésima situación en que están desarrollando su trabajo y reclamado medidas a favor de una adecuada política de Infancia y Familia y medidas concretas en materia de menores tales como procedimientos, procesos y reglas operativas, en materia de situaciones de riesgo, amparo y ejecución de medidas judiciales.

Los Verdes reclama que se cumplan las Leyes competentes en la materia, la ejecución del Plan Integral de Atención al Menor en Canarias (1998-2008), los programas de actuación previstos y sobre todo que se dote adecuadamente de profesionales cualificados a los servicios responsables de ejecutarlos.

Los Verdes critica que ante graves sucesos acaecidos en los últimos años bajo la responsabilidad pública, no se den soluciones reales al problema sino que se busquen salidas de “maquillaje político” tales como el traslado de competencias a otros Departamentos.

Los Verdes- Partido Verde Canario considera que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación de los menores en Canarias, se deben arbitrar urgentemente todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para asumir adecuadamente las competencias que el Gobierno de Canarias ostenta.
Dirección General de Protección del Menor y

COMUNICADO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA EN LA SEDE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los trabajador@s de la D.G.P.M.F. quieren manifestar ante todos los empleados públicos y la ciudadanía, la situación en la que desarrollamos nuestro trabajo desde hace muchos años y que, en reiteradas ocasiones hemos venido denunciando. Se han reclamado actuaciones globales en cuanto a las Políticas Sociales en general y a las de menores en particular, llegando incluso los profesionales a acudir a una huelga en mayo de 2003 (se adjunta documento entregado a instituciones, partidos políticos, Diputado del Común, medios de comunicación y ciudadanos/as), demandando medidas que iban desde el diseño de una Política Global de Infancia y Familia hasta el establecimiento de procedimientos, procesos y reglas de relación operativas, en materia de situaciones de riesgo, amparo y ejecución de medidas judiciales.

Las propuestas teóricas, metodológicas e instrumentales realizadas por los técnicos de los distintos servicios a lo largo de la vida de esta Dirección General, incluso con auditorías externas y Autoevaluación dirigida por la Inspección General de Servicios dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia (modelo EFQM – años 1999/2000), ha quedado como material de estanterías en no sabemos que despachos sin que los hayan tenido en cuenta para el funcionamiento de los recursos de menores y familias, depositándose siempre la confianza en agentes externos a la Dirección General. Como ejemplo más cercano de este que decimos está la previsible transferencia a Presidencia y Justicia del Servicio de Medidas Judiciales.

Desde la creación en 1991 de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, la inestabilidad política y directiva que ha experimentado el Gobierno de Canarias en esta área, nos ha afectado de manera sustancial, imposibilitando la ejecución de las Leyes competentes en la materia, del Plan Integral de Atención al Menor en Canarias (1998-2008) y mermando la calidad de los servicios que ofrecemos, además de frustrar las iniciativas profesionales/técnicas de los que desarrollamos nuestra labor en este Centro Directivo. En definitiva no se puede hablar de procesos de continuidad y evaluación de programas y proyectos realizados tanto desde nuestra gestión directa como de otras Administraciones Públicas a las que se han transferido competencias, incluidas las que ponemos en manos de Entidades Colaboradoras de la iniciativa social.

Entendemos que si los responsables políticos de las Instituciones (Empleo, Sanidad, Educación, Administración Local) competentes en la Atención Integral del Menor y la Familia no son capaces de llevar a cabo de forma coordinada una red de Programas de actuación real, coherente, eficaz y temporalizada y dotar adecuadamente a los servicios de los profesionales adecuados y necesarios a las necesidades existentes, la negligencia resultante no va a ser secundada por los trabajadores ni estamos dispuestos a ser cómplices del maltrato institucional que se está generando.

Que aún con los sucesos graves acaecidos en los últimos años, incluso con el fallecimiento de menores bajo la responsabilidad pública, no se den respuestas que afronten de verdad las causas que provocan esta realidad sino que se busque como salida el traslado de competencias a otros Departamentos nos lleva a preguntarnos cuestiones como:

¿Es así como se resuelven los problemas sin haber obtenido por parte de nuestros responsables respuesta alguna a las demandas presentadas por los trabajadores implicados?

¿Qué es lo que tendría que suceder a las familias y los menores en Canarias para que todos los responsables políticos e institucionales tomen conciencia de la situación real y por tanto arbitren soluciones también reales a los mismos?

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a pedir al Presidente del Gobierno de Canarias, en su condición de máximo responsable de los distintos departamentos con competencias en Infancia y Familia que a la mayor urgencia posible se actúe en conformidad con la gravedad de la situación arbitrando todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios y desde un conocimiento riguroso de la problemática que afecta a la Infancia (prevención, promoción, riesgo, amparo, menores extranjeros no acompañados y medidas judiciales) y tomando como referencia la evaluación experiencia desarrollada para que los usuarios/as de nuestros servicios no tengan que seguir sufriendo los vaivenes de las decisiones tomadas obedeciendo sólo a las urgencias y a criterios arbitrarios.

Las Palmas de Gran Canaria a 8 de junio de 2005

NOTA: se adjuntan hojas con las firmas de los trabajadores.