Muchas gracias, Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Me corresponde a mí, Sras. Y Sres., señorías, exponer brevemente la Iniciativa Legislativa Popular de Ley Reguladora de la Ubicación de Infraestructuras de Radiocomunicación y Telefonía Móvil de Canarias, de la que soy portavoz. Pero no solamente soy portavoz de la Comisión Promotora y de Los Verdes, sino que soy portavoz de las más de 26.000 firmas que han posibilitado que esta ley llegue al Parlamento para su toma en consideración, y portavoz del sentir de una parte importante de la ciudadanía canaria y de muchos colectivos sociales que miran con preocupación cómo la proliferación de antenas de telefonía móvil sobre las viviendas puede incidir sobre la salud sin que haya una respuesta de las instituciones.
Para Los Verdes y los movimientos ciudadanos, esta Ley es el resultado de un ejercicio democrático de la ciudadanía a través de una ILP recogida en nuestro Estatuto de Autonomía como una forma directa de implicación de los ciudadanos de sus propios intereses. Y aunque hayan pasado 2 años desde que se inició la tramitación, más de año y medio desde que se presentaron las firmas, esta Proposición de Ley ha sorteado todos los trámites preceptivos, los informes solicitados y todas y cada una de las exigencias de la Ley, hasta llegar a este pleno.
Como mínimo, y en un gesto de respeto a la ciudadanía de nuestra tierra, deberían de tomarla en consideración, discutirla, enmendarla, pero nunca rechazarla, como pretende el Gobierno de Canarias, porque ello equivaldría a un gesto de burla al pueblo canario.
Esta ley que promueve Los Verdes y los movimientos ciudadanos, pretende conciliar el desarrollo de la Telefonía Móvil con las garantías y la salvaguarda de la salud y de los derechos de los ciudadanos. Esta no es una ley retrógrada, es una ley de progreso entre cuyas finalidades, recogidas en su articulado, está la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a todo el territorio de Canarias (Art. 3). Eso sí, aplicando el principio de precaución y de respeto al medio ambiente conciliándolo con el desarrollo de nuevas tecnologías de las que somos firmes partidarios.
Para Los Verdes y los movimientos ciudadanos, esta es una ley de salud. Decir “no” a su toma en consideración es decir “no” a la salud y al bienestar de los canarios. Esta ILP es la piedra de toque de cómo se hace política en Canarias. La toma en consideración de esta ley será, sin duda, la apuesta del Parlamento de Canarias por la ciudadanía, por los intereses generales de los canarios y las canarias. El rechazo de esta ley significaría que los canarios, que nuestra salud y el futuro de nuestra salud, han sido puestos a los pies de los caballos y que han triunfado los intereses comerciales de las operadoras de telefonía móvil.
Esta ley pone sobre la mesa los principios rectores del ejercicio democrático de representación pública, los principios de prevención y cautela y la ética en política.
Con la información que actualmente tenemos, existe más que una duda razonable sobre los efectos adversos que la exposición continuada a las antenas de telefonía móvil tiene sobre la salud. Los textos normativos y las recomendaciones comunitarias y españolas así lo reconocen. También lo reconoce la declaración de Friburgo, a la que se han sumado miles de especialistas.
Si eso es así, la pregunta es muy simple: ¿Vds. Quedarían tranquilos si instalaran una antena sobre sus viviendas donde se encuentran sus hijos, sus padres, su familia?. Y en un ejercicio de ética política, lo que no quiero para mí no lo quiero para ningún canario.
Esta ley que propone Los Verdes y los movimientos ciudadanos, pretende acabar con el descontrol que existe en un sector en continuo crecimiento. El vacío legal, lo que propicia, es que las operadoras de telefonía móvil impongan su criterio comercial. Actualmente, prevalece la ley de la selva y, lo que queremos con esta iniciativa, es que prevalezca una ley del Parlamento de Canarias.
El inicio de un procedimiento por parte del Gobierno de Canarias para elaborar las Directrices de Ordenación de Telecomunicaciones, con cinco años de retraso, no puede ser un argumento válido para rechazar esta ILP. Es más, en el Art. 8 de esta propuesta normativa ciudadana para una Ley de Antenas, se contempla la conciliación entre esta ley y las Directrices de Ordenación.
Esta Ley Canaria de Antenas, que Los Verdes y los movimientos ciudadanos proponemos, no sólo pretende garantizar los derechos de los ciudadanos, sino dotar de instrumentos legales a los ayuntamientos y cabildos, que actualmente se encuentran en una gran indefensión y que les permitiría ordenar la ubicación de las antenas de telefonía móvil. Tal es así que muchos aytos. Gobernados por todos los colores políticos presentes en esta cámara han apoyado formalmente esta ILP, mediante los correspondientes acuerdos plenarios. No hay ningún fundamento legal que impida a la Comunidad Autónoma de Canarias dotarse de una Ley de Antenas como la que se propone, así lo han confirmado el Consejo Consultivo de Canarias en su informe preceptivo y el ejercicio normativo que han hecho otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha o Cataluña, que ya disponen de leyes territoriales para la ordenación de las antenas de telefonía móvil en el ámbito de estas comunidades autónomas.
Finalmente, y es justo reconocerlo, en nombre de Los Verdes y de la comisión promotora no quiero terminar mi intervención sin agradecer el apoyo de las 26.309 personas que firmaron esta propuesta, a los colectivos sociales y vecinales, y a la Asociación de Afectados por la Telefonía Móvil, por su ingente labor de promoción de esta iniciativa que hoy aquí, debe tomarse en consideración.
Les pedimos, por todo lo expuesto, para tranquilidad de la ciudadanía, en aras de mantener la credibilidad de los mecanismos de participación ciudadana, que voten a favor de la toma en consideración de esta ley.
Muchas gracias.
Rafael Rodríguez Santana
Portavoz de Los Verdes
Parlamento de Canarias, a 16 de octubre de 2008
