POR UNAS CANARIAS SOLIDARIAS, DEMOCRÁTICAS Y SOSTENIBLES
CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA CANARIA.
Las personas abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de las islas Canarias, deseamos expresar públicamente a la ciudadanía canaria lo siguiente:
En vísperas de la convocatoria de elecciones a la Autonomía, los Cabildos y los Ayuntamientos en nuestra Comunidad, consideramos que la población canaria comparece a estas votaciones en un estado social de emergencia sin precedentes: empobrecida por la fuerte recesión económica; debilitada por el notable deterioro de nuestras instituciones democráticas y con su futuro comprometido por las continuadas agresiones a nuestros entornos y recursos naturales. Entendemos que esta ardua coyuntura tiene mucho que ver con el derrumbe global que ha provocado el colapso del capitalismo financiero y las antisociales medidas de salvamento aplicadas por los gobiernos de los países más poderosos. Pero su impacto está agravado en nuestro territorio por las contraproducentes acciones políticas y económicas que han venido aplicando los dirigentes institucionales en las últimas décadas.
Convencidos de que la consecución del bienestar general implica a la sociedad toda y de que es posible llevar a la práctica política la ejemplaridad cívica y el cumplimiento de la legalidad, para salir con bien de esta dramática, injusta y comprometida situación en la que nos encontramos, queremos proponer a la sociedad canaria tres estrategias prioritarias:
1. En todos los ámbitos, implantar circuitos de solidaridad para erradicar la precariedad social y hacer prevalecer las actividades económicas de interés general y de desarrollo interno para extender el pleno empleo digno.
2. Regenerar nuestras administraciones públicas, reorientándolas hacia el cumplimiento de la legalidad y hacia un auténtico servicio del interés democrático.
3. Dirigir nuestra sociedad y nuestros intereses materiales hacia la sostenibilidad medioambiental.
1 En estos momentos de contracción económica y de creciente pérdida de empleo, consideramos que el sector público y las empresas de economía social son los agentes de recuperación más apropiados para asegurar los mayores niveles de empleo, de redistribución y de calidad de vida a la ciudadanía. Es el momento de potenciar los recursos y capacidades propias y de priorizar la economía local, promocionando la producción y el consumo internos en alimentación, industria y comercio, sustituyendo innecesarias e injustificables importaciones.
Aún así, tras años de deterioro socioeconómico, para atajar la precariedad y la exclusión a la que está abocada tanta gente, requerimos de medidas sociales extraordinarias. La solidaridad social y el sector civil sin ánimo de lucro, conjuntamente, serán el vehículo más adecuado para realizarlas: el apoyo mutuo y la implicación en el voluntariado de los empobrecidos como estrategia de movilización permitirán poner en marcha los recursos sociales e institucionales disponibles e infrautilizados, junto a las personas excluidas, para evitar las condiciones indignas de vida a la población afectada.
Es evidente que no se puede subsidiar a tantas personas indefinidamente, ycreemos que tampoco es lo deseable, pues la propia ciudadanía es el principal recurso con el que cuenta la sociedad para solucionar sus problemas y no aprovechar ese potencial es un desperdicio que no deberíamos permitirnos.
Estos son tiempos de cuidarnos y de asegurarnos equidad hasta que la creación de riqueza y nuevos empleos nos permita más posibilidades. Lo que no es una opción es la dualización social de la ciudadanía y su fractura económica, pues todos y todas –pese a quien pese- vivimos en un Estado de Derecho donde “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está supeditada al interés general” (Art. 128.1. Constitución Española 1978).
2 No nos resignamos a que los derechos políticos, sociales y económicos promovidos por nuestra Democracia y garantizados en nuestra Constitución sean tratados como papel mojado. Y no disculpamos a las élites políticas, administrativas y económicas, su continuada vulneración, que ha llevado a un desprestigio generalizado de las actividades políticas, administrativas y empresariales.
Precisamos una profunda regeneración democrática de nuestras instituciones públicas. Poner coto a la corrupción política y a la desidia administrativa deben ser las prioridades de los responsables en los diferentes ámbitos de gobierno en nuestra Autonomía. Y los canales más apropiados para ello son la transparencia y la responsabilidad administrativas, controladas por la implicación de la ciudadanía en el seguimiento de la acción pública.
La modificación de los antidemocráticos porcentajes de voto para el acceso a las instituciones insulares, la no acumulación de cargos y la limitación de los mandatos en las instituciones y las organizaciones políticas, el prohibir el nombramiento a dedo de amigos y familiares como asesores de responsables políticos resultan, junto a otras medidas en la misma dirección, también imprescindibles a una concepción contemporánea de la democracia.
3 Gracias a la feliz complementariedad de las condiciones climáticas y orográficas de nuestro archipiélago con las nuevas tecnologías para conseguir energía eléctrica y agua potable de forma altamente eficiente y sostenible, la apuesta social y económica por el giro a las energías renovables en Canarias, de propiedad pública, resulta óptima. Además de proporcionarnos inusitados niveles de autosuficiencia en aspectos cruciales para nuestra seguridad y desarrollo económicos, una importantísima vía de financiación institucional sin grabar a la ciudadanía y un gran número de puestos de trabajo estables, también nos colocaría ante la comunidad internacional, como centro de referencia mundial de la inminente nueva economía, respetuosa con la naturaleza y con los derechos humanos.
Pese a las escandalosas cifras de precariedad generalizada, mantenemos la convicción de que la ciudadanía y el territorio canario cuentan en su seno con capacidades, recursos y oportunidades de sobra para dar un giro social, económico y ecológico a estas problemáticas. Nada nos obliga a resignarnos a permanecer en este estado de indefensión: podemos reaccionar y salir con bien, si la ciudadanía y nuestras administraciones nos comprometemos en ello.
Por todo ello, deberíamos dedicar lo mejor de nuestros conocimientos, habilidades y actitudes a conseguir que en las próximas elecciones sean elegidos equipos de gobierno que tengan como prioridad ese aseguramiento de la solidaridad y de la sostenibilidad económicas para salir de la crisis sistémica en la que estamos inmersos. No solo es preciso, dada la situación en que nos encontramos, también es plenamente legítimo y, técnicamente, más que posible.
Esta propuesta está abierta a cada ciudadana y ciudadano, a cada asociación civil y a cada organización política que comparta este diagnóstico, estos valores y estos procedimientos. Los ciudadanos y ciudadanas que realizamos esta invitación no pretendemos otra cosa más que, haciendo uso de nuestra libertad de expresión, contribuir, responsablemente, a que nuestra sociedad sea más democrática, más justa, más libre e igualitaria y más ecológica.
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