MAFIA CALABRESA, POLÍTICA Y URBANIZACIONES EN CANARIAS.

LA POLICÍA INVESTIGÓ AL EX DIRECTOR DEL TESORO POR BLANQUEO DE CAPITALES
La Brigada de Información vigiló los movimientos de las empresas Oceland, Golf Golfing, Mount Bell y Vista Valle de Agaete. Incluyó las operaciones en los expedientes de la red mafiosa Ndrangheta
CANARIAS 7 (‘09/01/05)
La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional investigó entre los años 1999 y 2002 al ex director general del Tesoro de la Comunidad autónoma, Alberto Amorós, por su presunta implicación en una compleja red de blanqueo de capitales vinculada a la organización mafiosa Ndrangheta, enraizada en Calabria (Italia).Amorós fue incluido en una lista de personas de relevancia social adscrita a diversas empresas, la mayoría especializada en promociones inmobiliarias o en asesoramiento profesional. Las actuaciones policiales recibieron por nombre Vulcano y Ulises y en los últimos meses de 2002 coincidieron en el tiempo con el expediente de fiscalización que habilitó la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la gestión de Amorós durante dos legislaturas consecutivas (1996-2003).
Según la información recabada por este periódico en el Ministerio del Interior, la Brigada de Información de Las Palmas centró parte de sus pesquisas en la compra-venta de patrimonios inmobiliarios en el Sur de Gran Canaria. Al ex director general del Tesoro y Política Financiera se le investigó en las sociedades Golf Golfing, Mount Bell, Oceland y Vista Valle de Agaete, de las que formaba parte antes y durante su permanencia como alto cargo del Gobierno.
Los documentos policiales se encuentran desde entonces en la Comisaría General de Información, en Madrid, pendientes todavía de conclusiones definitivas por la complejidad del caso. La Brigada Provincial hizo un especial seguimiento a la empresa Oceland, en la que Amorós ejerció como consejero delegado desde 1992 (cuatro años antes de su entrada en el Ejecutivo) y en la que se mantuvo como administrador hasta el 31 de marzo de 2000.
La Policía destaca como hecho de «interés» la celebración de una fiesta de Nochevieja en 1999 en el Sur de Gran Canaria en la que, supuestamente, se pacta la adquisición por parte de inversores foráneos de «una gran extensión de terreno», copropiedad del empresario J. C. M., quien a su vez es consejero delegado de Oceland. Los agentes constataron que el domicilio de J.C.M. estaba ubicado en la capital grancanaria, en concreto, en un inmueble que ocupaba también la sede de una empresa dedicada a instalar bombas de calor, calderas e instalaciones hidráulicas, cuyos proveedores son una empresa australiana y tres italianas, según la Policía.
Audiencia de Cuentas
Las coincidencias entre la actuación policial y la investigación del órgano fiscalizador del Parlamento autonómico son cuanto menos significativas. En el informe de la Audiencia de Cuentas (disponible en la web de esta institución y en www.canarias7.es) se detallan los nombres de una serie de empresas a las que Amorós adjudicó contratos a dedo por cantidades inferiores a 12.000 euros. La mayoría de los encargos no se ejecutaron, tal y como refleja el informe definitivo dado a conocer el pasado mes.
Amorós, que según la Audiencia de Cuentas llegó a disponer durante sus dos mandatos de 280 cuentas corrientes, extendió numerosos convenios a la empresa Delphi Institute of Magnament, radicada en Las Palmas y cuyos administradores, entre otros, son J. C.D. y J.J. C. D. Entre los estudios realizados a petición del Gobierno regional, Delphi elaboró en 2002 un proyecto sobre el área de pagos de servicios de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Si se enhebran los datos incluidos en los informes de la Policía y de la Audiencia de Cuentas, aparecen coincidencias que llevan a los investigadores a «supuestos llamativos», según las fuentes consultadas.
Un primer hecho es la presencia de personas en ambas investigaciones de personas relacionadas entre sí. Otro hace referencia a la empresa Delclos Consultores, en la que aparece como administrador J. D., también directivo de Delphi; esta sociedad recibió encargos de Amorós con información relevante sobre las contabilidad de la Comunidad autónoma. Según la Audiencia de Cuentas, J.D. cobró 12.000 euros por «un análisis pormenorizado de las cuentas corrientes de Canarias». Y otro socio de Delclos, J.A.F., participa en una sociedad denominada C.R. Calabria, con sede en Las Palmas.
La Brigada Provincial informó a sus superiores del Ministerio del Interior, que personas identificiadas con la red Ndrangheta «han conseguido atravesar sin impedimentos legales todas las fases del blanqueo de capitales (colocación, ensombrecimiento e integración de capital) mediante inversiones inmobiliarias.El grupo italiano se encuentra asentado e integrado en la sociedad y economía canarias. Cada vez resulta más complicado proseguir las investigaciones, si bien se puede determinar que continúan realizando inversiones inmobiliarias millonarias».
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