SEIS MILLONES ANUALES EN SANCIONES MEDIOAMBIENTALES

FOTO: uno de los chalecitos ilegales, situado en Arona, que pretenden amnistiar.
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL HA INCOADO CASI 8.000 EXPEDIENTES A CONSTRUCCIONES ILEGALES EN 5 AÑOS Y HA DEMOLIDO UNA CINCUENTENA DE EDIFICACIONES
CANARIAS 7 (10 /01/05)
Una iniciativa legislativa del Cabildo de El Hierro ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática que suponen las viviendas ilegales emplazadas en terrenos rústicos. La institución herreña propone un proceso de regularización de edificaciones no amparadas por licencias urbanísticas que se ha admitido a trámite «por cortesía parlamentaria», ya que la respuesta primera de los grupos políticos ha sido que se regularizarán «sólo las viviendas regularizables».
La respuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Augusto Lorenzo, también ha sido que su departamento no va a proceder al derribo de viviendas construidas sin licencia que estén situadas «en las zonas que probablemente sean calificadas de urbanas en los planes generales».
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha abierto en los últimos cinco años casi 8.000 expedientes por infracciones de edificaciones de caracter residencial al texto refundido de la Ley del Territorio y de Espacios Naturales. Como resultado de este proceso, se ha procedido a unos 50 derribos de construcciones en este tiempo. El director gerente de la Agencia, Pedro Gómez, destaca que la petición de regularizar viviendas en situación de ilegalidad perjudica «a quienes pagan sus impuestos» y califica de «sorprendente» que se quiera cuestionar una norma vigente desde 1957 «que no se puede construir sin autorización». Además, destacó que las viviendas que han sido sancionadas «no son de primera necesidad» sino que, en muchos casos, se trata de viviendas «de lujo e incluso de establecimientos rurales para la explotación turística».
El proceso para detectar irregularidades al texto refundido de la Ley es utilizar fotografías aéreas y compararlas con las de cuatro años atrás (en este tiempo prescriben este tipo de infracciones salvo que la edificación esté en un espacio natural). En este barrido se detecta si una obra no tiene licencia y se ordena su suspensión, a la vez que se notifica al propietario que debe legalizar su obra o se impondrá una sanción. La demolición sólo se produce si la edificación no es legalizada y es competencia de ayuntamientos o de la Agencia dar esta orden.
En 2003, la Agencia recaudó en sanciones -no sólo urbanísticas, sino medioambientales- alrededor de seis millones de euros. En el caso de las sanciones urbanísticas, pueden ser desde leves (hasta 6.000 euros) a muy graves (hasta 600.000 euros). En espacios naturales las multas suponen del 100% al 200% del valor de la obra, mientras que fuera de estos espacios, la sanción máxima alcanza el valor de la obra.
En el 97 se hizo un censo de edificaciones ilegales situadas en espacios naturales o en zonas de dominio público. Cerca de 30.000 fueron amnistiadas y sólo a unas decenas se les abrió expediente de demolición, de las que buena parte aún están en contencioso. Los dos focos de mayor especulación son el sur de Tenerife y Fuerteventura. En el caso de El Hierro, una isla poco poblada y con escaso crecimiento, indica que el incremento de viviendas ilegales quizá obedezca a que, en buena parte, son propiedad de extranjeros, y apostilla que «si un canario quiere construir en Alemania, tiene que cumplir la ley».
http://www.canarias7.es/hoy/p.comunidad.shtml#noticia_1489