¿QUE HACER CON LAS VIVIENDAS ILEGALES?

"LA INMENSA MAYORÍA SON MANSIONES, CHALÉS, O CASAS DE CIERTA ENVERGADURA QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SU VALOR DE MERCADO SUPERA LOS 50 MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS”

El director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural afirma que de los expedientes que tiene este organismo, "la inmensa mayoría son mansiones, chalés, o casas de cierta envergadura que, en la mayoría de los casos, su valor de mercado supera los 50 millones de las antiguas pesetas. Por 30 millones de pesetas construyeron un inmueble que hoy en día puede valer entre 70 y 80 millones de pesetas". Apoyándose en ese dato considera que "la mayoría de los expedientes tienen detrás un interés especulativo que supone un agravio para las personas que sí cumplen lo que dictamina la Ley". PLANEAMIENTO MUNICIPAL Indica que de los seis mil expedientes que tiene la Agencia, posiblemente casi 5.000 vayan a encontrar solución a través del planeamiento municipal, y a continuación se refiere a cuatro grupos de expedientes. "En primer lugar viviendas que están por encima de los 50 millones de pesetas en valor de mercado -más de 300.500 euros-; en segundo lugar edificaciones destinadas a turismo rural, casitas pintorescas en lugares de gran valor paisajístico, y aunque son de dimensiones moderadas, su valor es muy grande por el sitio donde se ubican". "El tercer grupo son aquellas que constituyen una segunda residencia o destinadas a los fines de semana; y en último lugar, un grupo de casas normales, fundamentalmente situadas en el entorno de núcleos de población consolidado y de clase de poder adquisitivo medio y bajo, pero son una minoría". Éstas son, precisamente, las consideradas un problema social, "no superan el 10 por ciento del total de los expedientes que tiene esta Agencia y en este caso estaría justificada una amnistía". Sobre la iniciativa legislativa admitida a trámite por el Parlamento de Canarias para modifica la Ley del Territorio y dar una solución a los afectados por esta situación, Pedro Gómez considera que "en un Estado de derecho se pueden mejorar las leyes pero se debe evitar que se produzca un agravio comparativo para los ciudadanos que han cumplido la Ley". "Lo único que pretendo es que se tenga conciencia de la complejidad de esta problemática, para que se pueda dar por el Parlamento la mejor solución, pero no me gustaría que el Parlamento, y en definitiva la sociedad canaria, diera una resolución con desconocimiento de todos los matices de este problema socioeconómico y también medioambiental, porque, ¿hasta qué punto se puede hipotecar un suelo que es de todos?". Siete años después de la elaboración del censo En el año 1999 se creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para que, de forma sistemática, se controlaran las infracciones urbanísticas. Dos años antes, en el 97, muchos municipios no tenían planeamiento y otros lo tenían desfasado. En aquel momento, y gracias al censo de viviendas no amparadas en licencia que elaboró la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente -dirigida entonces por María Eugenia Márquez-, se contabilizaron 30.000 viviendas ilegales en las Islas. "En ese momento se dijo que la razón para dar una amnistía era que el planeamiento municipal no se había hecho adecuadamente, y las corporaciones municipales señalaron entonces que iban a hacer sus planes generales", señala Pedro Gómez. "Si siete años después decimos lo mismo, parece que podemos perder credibilidad y el respeto de los ciudadanos que sí cumplieron la Ley". En ese sentido se refirió a la propuesta del Cabildo Insular de El Hierro, por la que ha sido admitida a trámite en el Parlamento la iniciativa legislativa con el objetivo de modificar la Ley del Territorio, y que cuenta con el apoyo de los cabildos de La Palma y La Gomera, además de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). "Ésta es una problemática que se debe estudiar muy bien, porque hay personas a las que les gusta vivir en parajes naturales, en acantilados, y no quieren vivir en las ciudades. Hay que intentar evitar que se produzca un agravio comparativo para los que sí han cumplido la Ley". El director de la Agencia sabe de las críticas que ha recibido por defender estos argumentos. "Me han llamado xenófobo cuando he dicho que muchos de los propietarios de estas viviendas son extranjeros. Lo único que he intentado dejar claro es que estos extranjeros, cuando vienen a las Islas, deben cumplir las leyes de los canarios. Si yo voy a Alemania o Suiza y construyo una vivienda sin licencia, no sólo me abren expediente, me meten en la cárcel".

FUENTE: http://www.la-opinion.com/ (20/12/04)"