FUERTEVENTURA: AVANZA NUESTRA DENUNCIA CONTRA ARROYO

UN JUZGADO MAJORERO PREGUNTA AL PARLAMENTO POR GONZÁLEZ ARROYO PARA ACTUAR CONTRA ÉL ANTE EL TSJC

“Las citadas diligencias están relacionadas con la denuncia interpuesta contra González Arroyo por Los Verdes de Canarias por conceder durante su etapa como alcalde de La Oliva una licencia urbanística para la construcción de un chalet en el espacio natural protegido de Malpaís de la Arena al que entonces era su yerno, José María Pérez Palma”
 

La Provincia (23/12/06) 

El Juzgado de Instrucción Número Uno de Puerto del Rosario ha requerido al Parlamento de Canarias una nueva certificación donde se acredite la condición de diputado de Domingo González Arroyo, parlamentario y presidente del PP majorero.

La titular del mencionado Juzgado, Gabriela Insua Ayuso, requirió la semana pasada al presidente del Parlamento, Gabriel Matos, la citada certificación en base a un proceso penal abierto contra González Arroyo mediante las diligencias previas 1211/2006, dada la condición de aforado del político majorero.

La solicitud de información de la jueza al Parlamento canario hace prever que ha observado algún indicio de delito en las actuaciones de Arroyo durante su etapa como alcalde de La Oliva. Como quiera que el ex-alcalde del PP tiene también la condición de aforado, la jueza deberá inhibirse en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que ésta continúe con el procedimiento.

Todo apunta que las citadas diligencias están relacionadas con la denuncia interpuesta contra González Arroyo por Los Verdes de Canarias por conceder durante su etapa como alcalde de La Oliva una licencia urbanística para la construcción de un chalet en el espacio natural protegido de Malpaís de la Arena al que entonces era su yerno, José María Pérez Palma.

La Fiscalía del TSJC acusa al presidente del PP majorero de un delito contra la ordenación del territorio por lo que remitió al Juzgado decano de Puerto del Rosario la mencionada denuncia. El fiscal de Medio Ambiente del TSJC calificó los hechos denunciados por los ecologistas como "delitos contra la ordenación del territorio y delito continuado de desobediencia". Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía, Arroyo, concedió la licencia "con omisión de los más elementales trámites de la legislación vigente".

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