LOS VERDES PIDEN MÁS Y MEJOR ACCESO AL PROYECTO DE TINDAYA

Los Verdes han dirigido un escrito al Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias para solicitarle la ampliación del tiempo de exposición pública, durante mínimo un mes más, del Proyecto de Tindaya. Asimismo han pedido que el Proyecto pueda ser consultado en otros lugares y que se les entregue una copia en formato informático que contenga toda la información necesaria, así como a cuantas personas y colectivos mostraran su interés.

Los Verdes se quejan de las restricciones existentes para examinar la Declaración de Impacto Ambiental del denominado Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, que tanto dinero público nos ha costado a todos los canarios.

Se advierte que las condiciones en que se expone la declaración de impacto ambiental referida vulnera la esencia explicitada por los legisladores y el espíritu de las leyes, esto es: facilitar el acceso ciudadano democrático a la información medio ambiental en cuanto que:

1. Limita la consulta a un solo lugar en la isla de Fuerteventura (Ayuntamiento de La Oliva) aún cuando el Proyecto está declarado de Interés General para Canarias y que, por tanto, instituciones como el Cabildo Insular deberían tener la información a disposición pública.

2. Limita el horario de consulta a 30 días hábiles, de 9 a 14 horas, impidiendo de esta manera que las mayoría de las personas con interés en participar no lo puedan hacer en función de lo limitado del horario (coincidente muchas veces con el horario laboral). Recordemos, además, que a efectos legales, se consideran días hábiles los sábados aunque el propio Ayuntamiento de La Oliva sólo tiene establecido horario exclusivamente de registro general esos días y de 9 a 12.

3. El tamaño de la información es tal (17 tomos con miles de páginas, fotos, esquemas, etc.…) que es a todas luces inviable la consulta detallada durante los días y los horarios establecidos.

En su escrito Los Verdes han hecho alusión a las principales disposiciones legales que con respecto al derecho a la información pública –en especial la de carácter medioambiental- contienen las leyes canarias y españolas: El artículo 8, sobre Participación Ciudadana del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias; La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, impone a los Estados miembros la obligación de establecer las disposiciones necesarias para reconocer el derecho de cualquier persona física o jurídica a acceder a la información sobre medio ambiente que esté en poder de las Administraciones públicas sin que para ello sea obligatorio probar un interés determinado. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

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