OTRA VERDAD INCOMODA: Las Directrices cumplen cuatro años con la mayoría de objetivos aún sin lograrse
E.C., S/C de Tenerife
La Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que se aprobó en el último pleno de la pasada legislatura, acaba de cumplir cuatro años de vigencia con un balance de objetivos cumplidos bastante escaso, ya que gran parte de los deberes que el amplio documento imponía a las instituciones del Archipiélago, sobre todo al Gobierno, no se han cumplido, y las que lo han hecho van muy retrasadas con respecto a los plazos marcados.
Ni tan siquiera los órganos de gestión de este proceso que la Ley obligaba a poner en marcha, que son el Foro y el Observatorio de Desarrollo Sostenible, se han puesto en marcha, ya que el Gobierno se limitó a constituir ambas instituciones, pero después no han vuelto a hacer nada más.
Tampoco se ha llegado ni tan siquiera a aprobar la nueva ley trianual que fije el ritmo de crecimiento turístico en las Islas, ya que se acordó dejar la decisión que se debió tomar en 2006 para la próxima legislatura.
Los logros más importantes hasta ahora son la desclasificación de los suelos turísticos que estaban sin desarrollar o los avances en materia de elaboración y adaptación del planeamiento urbanístico y de los planes de espacios naturales protegidos, aunque en esta materia se va mucho más despacio que lo previsto.
Sin embargo, el Ejecutivo ni tan siquiera ha aprobado una de las 11 directrices sectoriales que tenía que poner en marcha: las de vivienda, infraestructuras, suelo agrario, patrimonio cultural, litoral, montes, calidad ambiental, paisaje, residuos, energía y recursos minerales. Las consejerías empezaron a elaborar algunas de ellas, varias de las cuales salieron incluso a información pública, pero luego se detuvo el proceso para su aprobación, en un momento en el que se debatía mucho en el Archipiélago sobre un posible exceso de normas territoriales y ambientales.
Cientos de planes, programas, reglamentos y políticas sectoriales que se marcaron también al inicio de este proceso esperan también su turno.
Una de las tareas fundamentales que se establecieron fue la de impulsar la rehabilitación en el sector turístico, y a día de hoy los responsables políticos señalan todavía que ese es el gran objetivo para la próxima legislatura.
Mientras tanto, se discute mucho sobre el verdadero resultado del parón en la concesión de licencias turísticas que ya está en vigor desde 2001, ya que en estos años se han construido muchas de las camas que tenían permiso anterior, y además el Parlamento ha aprobado el desarrollo de unas 6.000 plazas turísticas más al declarar de interés general cinco proyectos turísticos presentados en Tenerife y Gran Canaria.
El no cumplimiento de los plazos ha provocado distintos problemas que han obligado incluso en esta legislatura a modificar la ley para ampliar los plazos. Especialmente criticado ha sido el retraso en la elaboración de los planes territoriales de ordenación turística, a nivel insular, que sobre todo en las islas orientales están aún muy lejos de la aprobación definitiva.
Objetivos que se marcaron durante la larga discusión del proyecto de ley, como la limitación de las segundas residencias, la compactación de la urbanización, o la creación de nuevos sistemas de control de la contaminación también han quedado en un segundo plano.
Tampoco se han puesto sobre la mesa los programas que se pedían sobre diversificación de la economía canaria o sobre el uso de la fiscalidad con fines ambientales.
Los censos de alojamientos turísticos o de suelo, aunque elaborados para conocer la situación real del sector, no se han dado a conocer y el Observatorio Turístico es aún una promesa electoral.
mÁS INFORMACIÓN: http://www.eldia.es/2007-04-30/canarias/canarias1.htm
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