EL PUERTO DE GRANADILLA SERÍA ILEGAL
CONSTRUIR EL PUERTO INDUSTRIAL SIN AUTORIZACIÓN DE BRUSELAS LLEVARÍA AL GOBIERNO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UELA AUSENCIA DE FONDOS EUROPEOS SERÍA EL MENOR DE LOS PROBLEMAS DE LA NEGATIVA EUROPEA, QUE CONVERTIRÍA CUALQUIER ACTUACIÓN AL RESPECTO EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA
CANARIAS7.ES - 14/07/2005
El pronunciamiento en contra de la Comisión Europea al expediente del puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, no sólo supondría la ausencia de fondos comunitarios para su ejecución, sino, sobre todo, la imposibilidad legal de llevar a cabo la obra. Así lo han confirmado hoy, en declaraciones a ACN Press, fuentes diplomáticas españolas, comunitarias, de la Comisión Europea, el eurodiputado socialista Manuel Medina y su homólogo de Los Verdes, David Hammerstein
De esta forma, la posibilidad de financiar el proyecto mediante fondos adicionales del Estado, de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o con aportaciones de empresarios tinerfeños -como volvió a sugerir ayer el presidente de la CEOE-Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero- no sería viable en el caso de determinar la Comisión que el proyecto contraviene la legislación comunitaria en materia medioambiental. «Mientras no exista una decisión final» desde la Unión Europea «no se puede poner ni una piedra», destacaron diversas fuentes, que, si bien reconocieron que no se podría impedir el comienzo de los trabajos, hacerlo en contra de la legislación europea supondría el inicio de un proceso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que culminaría en una condena casi segura, con multa incluida.
El próximo 12 de octubre, fecha en la que el colegio de comisarios tiene previsto decidir sobre las infracciones, pueden darse dos casos: bien que la Comisión Europea «archive el expediente», lo cual significa que ha dado su visto bueno y que se pueden solicitar fondos de la Política Regional, o bien que inicie el procedimiento de infracción, que se puede desarrollar en tres fases: la carta de emplazamiento, el aviso motivado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
No obstante, Manuel Medina, subrayó la necesidad de contar con la aprobación de la Comisión Europea para llevar a cabo el puerto de Granadilla, con independencia de que exista o no financiación comunitaria. El eurodiputado canario del PSOE expresó que si Bruselas rechaza la construcción del puerto «no se podría hacer con dinero privado porque violaría la legislación europea». Su homólogo de Los Verdes, David Hammerstein dejó claro que «una cosa es que la Unión Europea no esté dispuesta» a conceder una financiación «y otra es que exista una infracción a la legalidad europea» al construir un puerto que haya sido declarado incompatible lo que conduciría a la «apertura de un procedimiento de infracción».
FACTOR TIEMPO
Una vez obtenido el visto bueno de la Comisión, el factor temporal es fundamental, ya que, si en otoño la respuesta de Bruselas es positiva, se podrían obtener fondos comunitarios, mientras que, si es negativa y se lanza el procedimiento de infracción, en el caso de que se autorice en alguna de las etapas el puerto de Granadilla, deberían buscarse otras formas de financiación. De ahí la importancia de enviar a Bruselas lo antes posible el dossier completo que se ha solicitado, en el que deben incluirse la argumentación de la necesidad del puerto por interés general, la demostración de que no existen ubicaciones alternativas, el informe de impacto ambiental y las medidas compensatorias de dicho impacto, todo ello referido específicamente al proyecto "recortado” que aprobaron todas las administraciones implicadas, y no al inicial, del que ya se remitió.
Por ello, el alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, trasladó esta mañana a los gobiernos nacional y regional la necesidad de elaborar a marchas forzadas un nuevo informe “muy masticado y centrado en el proyecto para convencer a las autoridades competentes de la bondad del puerto, de que no hay otra ubicación alternativa en la isla, de que cuenta con el apoyo social y de las instituciones y con suficientes medidas correctoras para preservar el entorno y no afectar a las playas”, según explicó a ACN Press.
En cualquier caso, también reconoció que, en el caso de desbloquearse el expediente en octubre, es previsible y lógica una disminución de los 68 millones de euros de aportación comunitaria calculados en base al proyecto inicial, en la parte proporcional al coste del nuevo puerto reducido, ya que el porcentaje de colaboración máximo al que se puede aspirar es, según explicó, el 70%.
Sin embargo, coincidió con Medina en que en estos momentos la financiación del puerto no es lo más importante, sino sacar adelante el expediente, mediante el trabajo coordinado de los dos gobiernos y la elaboración de un informe claro y convincente.
RESPETO A LA LEGALIDAD COMUNITARIA
Otras fuentes de la Comisión Europea aseguraron que todos los «Estados miembros deben respetar la legislación comunitaria», de tal forma que el Ejecutivo comunitario puede intervenir para hacer cumplir las reglas, en el caso de que el proyecto se lleve a cabo sin su previa autorización, denunciando el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Estas fuentes explicaron que la Comisión Europea «no puede impedir» que el proyecto se ponga en marcha en Tenerife aunque haya sido rechazado, pero aclararon que Bruselas sí puede «perseguir» este asunto hasta el Tribunal europeo, cuya sede se encuentra en Luxemburgo.
Del mismo modo, fuentes diplomáticas españolas coincidieron en destacar este aspecto y afirmaron que lo «primero es compatibilizar» el puerto con la normativa comunitaria ya que de lo contrario el «Tribunal de Justicia de la UE lo condenaría seguro por incumplimiento» de las leyes europeas.
Estas fuentes diplomáticas insistieron en que si el puerto de Granadilla se construye sin el visto bueno de la Comisión Europea «con independencia de donde proceda la financiación vamos a tener problemas» ya que es imprescindible cumplir el Derecho comunitario.
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