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EXITO DE LA DENUNCIA DE LOS VERDES CONTRA CARLOS SÁNCHEZ (PP)CONSEJERO DEL CABILDO GRAN CANARIO IMPUTADO POR DELITOS URBANÍSTICOS

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LOS VERDE PIDE EL CESE DE CARLOS SÁNCHEZ COMO CONSEJERO DEL PP EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA. 

Los Verdes ha pedido esta tarde el cese de Carlos Sánchez como consejero del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, por estar imputado en un delito de prevaricación urbanística. También reclama la formación política ecologista la dimisión de José Manuel Soria como presidente del Cabildo por “dar respaldo político a personas imputadas por delitos urbanísticos”. 

Amalia Bosch, concejala de Los Verdes en el ayuntamiento grancanario de Santa Brigida ha recibido hoy, en calidad de denunciante, un escrito de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mediante la que se formula una acusación contra el actual consejero del Cabildo Carlos Sánchez, el Arquitecto Técnico Municipal y otros cuatro implicados en el denominado Caso Teyma, en el que destaca la petición de prisión de un año y tres meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años, para Carlos Sánchez, actual consejero del Partido Popular, en el Cabildo de Gran Canaria, por un delito de prevaricación urbanística comtemplado en el artículo 320.2 del Código Penal.  

La Fiscalía ha considerado que los acusados han cometido, según los casos, delitos contra la ordenación del territorio, usurpación inmobiliaria, falsedad documental y prevaricación urbanística.

La denuncia contra Carlos Sánchez fue presentada por Amalia Bosch  (Los Verdes) y Antonio Ramírez (PSC-PSOE), junto al Seprona y a la propia Fiscalía, por  la ocupación de terreno rústico por parte de la promotora TEYMA CANAIS S.L con la connivencia de las personas ahora imputadas por la Fiscalía. El caso Teyma nace en el 2000 cuando el Ayuntamiento de Santa Brígida concede licencia de obra a la constructora Teyma Canais S.L. para edificar 27 chalets en la zona de La Atalaya conocida como El Estanco.  En abril de 2001 La Comisión de Gobierno suprime la licencia de obra de 2 de los 27 chalets, permitiéndose finalmente la construcción de 25, aun estando parte de ellos en suelo rústico, como denunciaron los Verdes ante el Consistorio que presidía Carmelo Vega (PP).  En marzo de 2003 El concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez, indica que la intromisión en suelo rústico de la urbanización afecta exclusivamente a una vivienda. Además, se requiere a la promotora paralizar las obras hasta que se tramite la calificación territorial, de lo que se deduce que se había concedido la licencia sobre un suelo no urbanizable. La paralización de las obras no se lleva a cabo dentro del plazo de 24 h. que marca la ley, sino meses después. 

En agosto de 2003 El Ayuntamiento ordena paralizar las obras, si bien un recurso de la promotora levanta el precinto de las mismas. Carlos Sánchez ya ha abandonado la concejalía de Urbanismo para hacerse cargo del Área de Política Territorial, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. En noviembre de 2003 Una nueva resolución de la Alcaldía ordena nuevamente la paralización, ya que informes técnicos internos consideran que las obras cometen una infracción urbanística grave, al estar en suelo rústico 7 chalets y parte del patio interior de la urbanización.

Según Amalia Bosch “Independientemente de que la justicia ponga a cada uno en su sitio, sería deseable apartar de las instituciones políticas a personas imputadas por delitos urbanísticos como es el caso del actual consejero del Cabildo Carlos Sánchez”. 

Afirma la concejala de Los Verdes  que “Las ultimas actuaciones de la justicia en pone en evidencia que en Canarias, y de manera particular en Santa Brígida existe una peligrosa relación entre determinados políticos y la corrupción urbanística”

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